Diego Quijano, presidente de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), casa editorial de La Prensa y Mi Diario, publicó un artículo de opinión en el medio internacional Financial Times, donde se detallan los esfuerzos de intimidación legal contra La Prensa, a través de decenas de demandas.
La columna advierte del precedente que crea la decisión de secuestrar $1.13 millones en activos de Corprensa, como parte del proceso judicial producto de una demanda por presunta difamación interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez-Balladares contra el medio. Según Quijano, la decisión puede significar una amenaza contra los esfuerzos anticorrupción nacionales y del hemisferio, al tratarse de Panamá, un país envuelto en el escándalo de Odebrecht.
Actualmente, Corprensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales, que entre todas, reclaman $85 millones. De ese total, 15 fueron interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli, las cuales suman $46 millones en supuestos daños.
La Prensa ha advertido, en reiteradas ocasiones que los procesos civiles actuales no protegen la libertad de expresión ni el derecho a la información de la ciudadanía. Quijano detalla que en el reporte país elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se expone que la legislación permite al demandante buscar el congelamiento de activos, lo cual podría paralizar la operación continua e ininterrumpida de los medios.
Todas las demandas interpuestas contra La Prensa son protagonizadas por figuras públicas y ex-funcionarios. Según Quijano, tal cual lo plasma en su columna, la intención es clara: sangrar financieramente a La Prensa con costos legales en la defensa de las interminables y frívolas demandas. Además, detalla que el precedente establecido por el secuestro de activos crea un riesgo sustancial para futuros congelamientos antes de que los tribunales fallen a favor o en contra del medio.
El proceso de Pérez Balladares contra Corprensa está en primera instancia, en etapa de práctica de pruebas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre los efectos negativos que puede tener tal intimidación judicial en la región. Quijano plasma cómo esta observación es aún más real en Panamá, país cuya independencia jurídica ha sido clasificada de número 129 de 141 países, según el reporte de competitividad del año 2019 elaborado por el World Economic Forum.
Quijano manifiesta que la democracia panameña existe en suelos inestables, a pesar de los importantes avances desde el final de la dictadura militar en 1989. Resalta que, en particular, el sistema de justicia debe establecer procesos claros para el manejo de reclamos por difamación si va a existir un sólido debate público y vigilancia del uso de fondos públicos. Éstos, culmina Quijano, son atributos clave de cualquier democracia funcional.
