El exdiputado chiricano de Cambio Democrático (CD), Rony Araúz, jugó un papel determinante al presentar una de las reformas más controvertidas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), una modificación legal que abrió la puerta para que cientos de docentes eventuales pasaran a la condición de permanentes, sin concurso previo.
Aquella iniciativa, presentada en 2014 mediante un anteproyecto de ley que modificaba el artículo 90 de la Ley 4 de 2006, es señalada hoy como uno de los factores que contribuyeron al crecimiento de la planilla universitaria y al aumento sostenido del gasto salarial en la institución, que actualmente ronda los 6 millones de dólares mensuales.
En la exposición de motivos, el exdiputado argumentó que existía una deuda histórica con docentes que llevaban años impartiendo clases sin alcanzar la regularización. El documento señalaba que muchos profesores acumulaban entre cinco y veinte años en condición eventual, pese a contar con títulos académicos y experiencia docente.
El apoyo
El anteproyecto habría recibido apoyo de sectores internos de la universidad. Según la exposición de motivos, la propuesta fue presentada ante el Consejo Académico, el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario, además de asociaciones docentes, estudiantiles y administrativas.
Incluso se menciona el respaldo de quien entonces era rectora electa y hoy sigue ocupando el cargo hasta 2028, Etelvina Medianero de Bonagas. El principal argumento era que la estabilidad laboral resultaba indispensable para enfrentar procesos como la transformación curricular, la acreditación y la autoevaluación universitaria.
Araúz defendió la reforma apelando a antecedentes históricos. Recordó que la Universidad de Panamá había regularizado docentes en 1972 y 1995, mientras que la propia Unachi incorporó a más de 230 profesores mediante la Ley 4 de 2006, tras una propuesta impulsada años antes por el profesor Rolando Smith. Bajo ese argumento, el exdiputado sostenía que la nueva modificación simplemente ampliaba un derecho previamente reconocido dentro del sistema universitario público.
El contenido
La reforma proponía que los profesores e investigadores especiales con cinco años o más de servicio, y con estudios de postgrado, pudieran obtener permanencia en la categoría de adjunto. El texto establecía, además, que se tomarían en cuenta la antigüedad, los títulos académicos y la experiencia profesional para futuras reclasificaciones y ascensos.
En la práctica, el proyecto creó un mecanismo expedito para convertir a docentes eventuales en permanentes, sin necesidad de atravesar largos concursos de cátedra, como ocurre en otras universidades del país.
En su exposición, Araúz insistió en que los docentes eventuales enfrentaban precariedad económica y limitaciones financieras debido a su estatus laboral. El documento describía casos de profesores que, pese a tener partidas fijas, eran rechazados por bancos y entidades crediticias porque sus cartas de trabajo seguían identificándolos como “eventuales”. También comparaba los salarios docentes con los de agentes policiales, al argumentar que muchos profesores no alcanzaban siquiera el costo de la canasta básica.
El impacto presupuestario
Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue el relacionado con el impacto presupuestario. Aunque la exposición de motivos afirmaba que la iniciativa “no involucraba mayor gasto al Tesoro”, el propio documento reconocía que unos 254 docentes eventuales se beneficiarían de la medida, con una proyección presupuestaria adicional de aproximadamente 446 mil dólares anuales. Hoy la realidad es otra: 6 millones de dólares mensuales en planilla.
No obstante, con el paso de los años, críticos de la administración universitaria han señalado que este tipo de regularizaciones contribuyó al crecimiento de la estructura salarial y al aumento de compromisos permanentes dentro de la Unachi. De hecho, profesores que en 2014 ganaban menos de mil dólares ahora perciben salarios superiores a los cinco mil o siete mil dólares, situación que, según cuestionamientos internos, ha vuelto insostenible la planilla.
Actualmente, la Unachi adeuda a la Caja de Seguro Social 12 millones de dólares en concepto de cuota obrero-patronal. Además, los salarios de los profesores y del personal administrativo, a partir de la primera quincena de mayo, serán cubiertos por el Tesoro Nacional.
Hoy, en medio de auditorías y de una investigación del Ministerio Público por el supuesto uso de diplomas de universidades no acreditadas para aumentar salarios, la figura de Rony Arauz vuelve a cobrar relevancia por haber sido el diputado que llevó la propuesta al pleno legislativo.
