Eduardo Peñaloza, conocido como el “fiscal fantasma” debido a una gestión considerada ineficiente por la opinión pública durante su mandato entre 2010 y 2019 en la Fiscalía Electoral, ha vuelto a la esfera pública.
En su nuevo rol, Peñaloza se desempeña como asesor en Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A., con un salario mensual de $2,500, al que se suman otros $2,500 en concepto de gastos de representación. Este nombramiento ha generado controversia debido a las críticas que persiguen al exfuncionario por su desempeño pasado.
Según el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Peñaloza ingresó a la entidad el pasado 3 de julio como “asesor legal”.
Larga lista de quejas
Peñaloza fue duramente cuestionado por su papel en las elecciones generales de mayo de 2014. Organizaciones y figuras públicas de la sociedad civil lo acusaron de favorecer a los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que perteneció antes de llegar a ese puesto de la mano del expresidente Ricardo Martinelli.
Dos años antes, es decir, en marzo de 2012, el término “transfuguismo” ya se había incorporado casi de forma cotidiana en el lenguaje nacional. Apenas unos meses después de la ruptura de la alianza oficialista entre el Panameñista y CD, al menos 250 políticos, entre alcaldes, representantes de corregimiento y diputados, se inscribieron en el colectivo que entonces estaba bajo el mando de Martinelli.
Los partidos, que veían cómo disminuía su cuota de poder político, aseguraban que los saltos eran patrocinados con fondos públicos y que se ameritaba una investigación. Sin embargo, Peñaloza se desligó de cualquier proceso, argumentando que le correspondía al Tribunal Electoral ahondar en estos temas.
Incluso en 2016, el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, lanzó fuertes acusaciones contra Peñaloza, responsabilizándolo de la falta de resultados en las investigaciones por supuestos delitos electorales cometidos durante la campaña previa a los comicios generales de mayo de 2014.
“El 80% o 90% de los casos llegan prescritos a los juzgados... no ha habido una sola investigación penal electoral bien hecha, no ha habido ninguna sanción reciente de los juzgados”, expresó el ahora exmagistrado.
