Más allá de la figura de Etelvina Medianero de Bonagas, existe otro actor clave en la estructura de poder y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): el abogado y vicerrector académico, Jorge Bonilla.
No se trata de un cargo menor. El Estatuto Universitario establece que, en caso de la renuncia de la rectora, le corresponde al vicerrector académico asumir temporalmente la conducción de la universidad mientras se convocan y celebran nuevas elecciones.
Bonilla también ejerce influencia en uno de los procesos más sensibles de la vida universitaria: la contratación de docentes. Entre sus atribuciones figura solicitar al rector el nombramiento de los profesores que ingresan al “banco de datos”, previa recomendación de las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes en las distintas unidades académicas, es decir, las facultades.
Las denuncias
La trayectoria administrativa de Bonilla no ha estado exenta de cuestionamientos.
En la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reposan varias denuncias relacionadas con el nombramiento de su esposa, Olivia Candanedo, en la planilla de la Unachi.
Los registros salariales más recientes reflejan que Bonilla percibe un salario mensual de $9,578, además de un sobresueldo de $500. Candanedo, por su parte, recibe una remuneración de $2,742 y un sobresueldo mensual de $1,500 como profesora de la institución. Las denuncias apuntan precisamente a la legalidad y transparencia de ese nombramiento dentro de la estructura universitaria.
Las denuncias señalan que, desde su posición de poder, Bonilla habría influido en los ascensos de su esposa, primero como decano de la Facultad de Derecho y, posteriormente, como vicerrector académico, pese a que debía declararse impedido para intervenir en decisiones que pudieran representar un conflicto de interés.
Uno de los aspectos que se solicita investigar es cómo, mientras Bonilla se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho, su esposa ganó de forma consecutiva tres concursos del banco de datos en esa misma facultad, lo que le permitió ascender. Según los denunciantes, en aquel momento Candanedo únicamente contaba con una licenciatura y no poseía estudios de posgrado ni maestría en docencia superior.
Nuevos logros
La carrera de Olivia Candanedo continuó avanzando dentro de la universidad.
En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia respiratoria de la covid-19, obtuvo una plaza como docente de tiempo completo, un nombramiento que la obligó a abandonar un cargo administrativo que ejercía hasta entonces. Como resultado de esa desvinculación, recibió una bonificación cercana a los $20,000.
Por su parte, Bonilla también fue escalando posiciones dentro de la estructura universitaria. Pasó de decano de la Facultad de Derecho a vicerrector de Asuntos Estudiantiles y, posteriormente, a vicerrector académico. El ascenso de ambos coincidió con los sucesivos períodos de reelección de la rectora Medianero de Bonagas, bajo cuya gestión consolidaron sus trayectorias y poder dentro de la institución.
El conflicto de interés volvió a quedar en evidencia este año durante una sesión del Consejo Académico de la Unachi.
En la sesión extraordinaria N.° 01-2026, celebrada el 3 de marzo, el vicerrector académico presentó la solicitud de aprobación de una resolución para la reclasificación y el ascenso de 62 docentes de distintas unidades académicas.
Al sustentar la propuesta, explicó ante los miembros del Consejo Académico: “Sí, son alrededor de 62 profesores. Vamos a leer una resolución, ya que esa resolución es individual para cada docente, aunque tiene el mismo contenido. Después vamos a leer a todos los docentes con su cédula, el puntaje que obtuvieron y la categoría alcanzada con su reclasificación”, según consta en el acta de la sesión.
Dentro del grupo de docentes beneficiados por la resolución figuraba su esposa. No obstante, durante la presentación de la propuesta, el vicerrector evitó mencionar el nombre de ella y anunció que los beneficiarios serían identificados únicamente por sus números de cédula y puntajes.
Fuentes de la Unachi sostienen que este episodio constituye una nueva evidencia de un posible conflicto de interés, ya que Bonilla participó en la tramitación y sustentación de una resolución que incluía beneficios para su cónyuge, sin apartarse del proceso ni declararse impedido. Además, el acta de ese Consejo Académico no ha sido publicada ni en la página web de la universidad ni en la Gaceta Oficial.
Política y nombramientos
La red de influencia vinculada al vicerrector Bonilla trasciende los límites de la Unachi. Uno de sus familiares, Federlin Bonilla, ocupa actualmente el cargo de asesor II en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración del canciller Javier Martínez-Acha.
Por esa posición percibe un salario mensual de $5,000. Antes de incorporarse a la Cancillería, Federlin Bonilla incursionó en la política partidista como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Chiriquí, en las elecciones generales de 2024.
Las conexiones familiares también alcanzan a la propia estructura universitaria. Durante el período en que Bonilla ejerció como decano de la Facultad de Derecho, se concretaron los nombramientos de Héctor Mariano Cerrud y Berta Cerrud, ambos hermanos suyos por parte de madre.
