Abandonado, vandalizado, cubierto de maleza y reconvertido “prácticamente en una piquera de metrobuses”.
En esas condiciones se encuentra el Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook, según constataron los cuatro diputados de la bancada Seguimos, quienes visitaron el pasado viernes esta obra de $10 millones, construida a toda prisa en el año 2020, cuando recién comenzaba la pandemia respiratoria de la covid-19. Su construcción fue uno de los primeros escándalos de la pandemia.
Nadie los recibió al llegar. No había vigilantes o personal del Ministerio de Salud (Minsa), de la Policía Nacional (PN) o de alguna entidad del Estado. En la entrada principal, gastado, sucio y raído, cuelga aún el letrero del hospital, impreso en una lona blanca con letras azules.
Encontraron tuberías de cobre vandalizadas, un calentador de agua tirado en un patio junto a unos paneles solares, escaso mobiliario y algunas estancias sin electricidad.
“Esto parece una casa del terror. Aquí hay millones de dólares invertidos en fondos públicos”, comentó el diputado Betserai Richards.
Los cuatro diputados coincidieron en que esa infraestructura todavía puede aprovecharse. “La salud no puede esperar y aquí tenemos una oportunidad de llevar atención médica de forma rápida a una comunidad que la necesita”, dijo Grace Hernández, quien es arquitecta de profesión.
“Las instalaciones están en buen estado. Puede ser el lugar donde pacientes de diferentes regiones del país reciban atención”, agregó José Pérez Barboni.
Richards añade que la infraestructura, conformada por 160 contenedores, puede servir también como escuela.
La bancada ahora demanda que se investigue qué ocurrió. Para ello, Ernesto Cedeño solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República, “porque aquí se tiene que determinar si hubo desperdicio o mal uso de fondos públicos”.
Cedeño también pregunta dónde está el Ministerio Público. “Queremos saber si hay lesión al patrimonio y que haya certeza del castigo”, remarcó.
El Ministerio Público ya investigó una vez. Y ordenó archivar provisionalmente el expediente, el 8 de julio de 2021, tras concluir que no se configuraron los delitos de peculado y fraude en contrataciones públicas. La fiscal anticorrupción a cargo de esa investigación es Anilú Batista, actual subsecretaria general de la Procuraduría General de la Nación.
El 18 de marzo de 2020, siete días después de que la OMS declarara que la covid-19 era una pandemia respiratoria, el entonces presidente Laurentino Cortizo anunció la construcción —en un mes— de un hospital modular con 100 camas para pacientes de coronavirus, en un terreno que prestó Inmobiliaria Albrook, S.A., propiedad de la familia dueña del centro comercial Albrook Mall. Ese mismo día, el MOP evaluó las propuestas de tres empresas y autorizó el inicio de los trabajos a SmartBrix Centroamérica, aunque el contrato se firmó el 7 de abril. Una semana después, el 16 de abril, Cortizo recibió las llaves del nuevo hospital.
En enero pasado, el ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que el hospital modular sería cedido a la Policía Nacional —cuyo cuartel se encuentra cerca del lugar— para ser utilizado como clínica para los agentes. Antes había mencionado que los módulos serían desmontados y trasladados al Hospital Nicolás Solano, pero esa idea fue descartada por los altos costos.
El Hospital Integrado Panamá Solidario, desde junio de 2020 hasta septiembre de 2022, atendió a 2,181 pacientes positivos de covid-19. Además, recibió pacientes con diversas patologías que requirieron hospitalización. De este total, 949 fueron mujeres y 1,232 hombres.
