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El Legislativo tico emplea a mil personas y la Asamblea Nacional, a 4 mil

El Legislativo tico emplea a mil personas y la Asamblea Nacional, a 4 mil
Asamblea Nacional.

Un estudio de paridad de género en las distintas escalas salariales y cargos en la Asamblea Nacional (AN) fue dado a conocer ayer viernes por la Fundación Espacio Cívico.

El documento titulado “Análisis del presupuesto legislativo con enfoque de género”, que consta de 11 páginas y el cual se presentó en medio del conversatorio denominado “Construyendo el perfil de la mujer política”, estudió la planilla de la Asamblea correspondiente al año 2022.

De acuerdo a la investigación, se evidenció que existe una remuneración “bastante balanceada” entre funcionarios y funcionarias del Legislativo. Este balance apunta sobre todo en las posiciones de directores y directoras en la Asamblea.

Sin embargo, a pesar de existir paridad en los cargos administrativos, no es secreto que, de los 71 diputados actuales, 55 son hombres y 16 son mujeres. “Es aquí donde realmente se deja ver la gran brecha de participación de la mujer”, advirtió Espacio Cívico.

El Legislativo tico emplea a mil personas y la Asamblea Nacional, a 4 mil

En lo que respecta a la distribución de género, “entre los 16 cargos directivos en la Asamblea Nacional, ocho son mujeres, lo que representa el 50% del total, mientras que ocho son hombres, constituyendo el 50%. Estos datos demuestran la paridad de género en posiciones de liderazgo estratégico dentro de la institución, lo que además refleja un entorno de trabajo inclusivo”, cita el estudio.

Los detalles

El estudio revela, por ejemplo, que la estructura laboral de la institución está dominada por cargos operativos y técnicos. Durante el 2022, la planilla del Legislativo la conformaban 4 mil 135 funcionarios, de los cuales el 82% se clasifica como operativos, el 14% como técnicos, el 3% como estratégicos y el 1% como “legislativos especializados”.

Los cargos operativos son aquellos esenciales para el funcionamiento diario de la institución, como el personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. Mientras que los cargos técnicos requieren habilidades especializadas, como abogados, contadores y economistas. Los cargos estratégicos son aquellos que se ocupan de la planificación y dirección de la institución, y los cargos legislativos especializados son aquellos que requieren conocimientos especializados en temas legislativos.

En los cargos estratégicos, según el documento, solo el 29.7% son ocupados por mujeres; el resto (70.3%) son hombres. En los especializados, las mujeres ocupan el 85% y los hombres el 15%. En los técnicos, las mujeres representan el 50.8% y el resto son hombres. En los operativos, el 51.2% está a cargo de los hombres y el resto lo ocupan las mujeres.

El documento, que se elaboró con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, el Financial Services Volunteer Corp., la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –Transparencia Internacional Panamá– y ParlAmericas, también extrajo datos de la Contraloría General de la República que muestran que quienes ocupan cargos técnicos reciben un salario promedio de $2,689.74 al mes, seguidos por los estratégicos, con $2,342.57.

En tanto, los que tienen cargos especializados y operativos reciben en promedio una remuneración mensual aproximada de $1,894.38 y $1,437.82, respectivamente.

Comparación

Los datos arrojados en la investigación sobre la estructura laboral de la Asamblea Nacional, hoy en manos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidida por el diputado Jaime Vargas, fueron comparados con otros parlamentos de la región, entre ellos, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que tiene aproximadamente 1,000 funcionarios, de los cuales el 90% tiene un contrato permanente.

El senado de Chile, en tanto, cuenta con cerca de 305 funcionarios, de los cuales el 95% tiene un contrato permanente. Así las cosas, se observa que la estructura laboral de la Asamblea de Panamá, es consideradamente mucho más grande. Aquí no se cuentan las planillas secretas que manejan los diputados, que en el pasado han sido foco de escándalos. El tema incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia, aunque con poco éxito.

En la Asamblea Nacional, el 73% de los funcionarios tiene un contrato permanente, mientras que el 27% tiene un contrato eventual.

El perfil de la mujer política

Ayer viernes, durante el conversatorio “Construyendo el perfil de la mujer política”, las diputadas Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático, y Corina Cano (actual segunda vicepresidenta de la AN), del Molirena; la diputada suplente independiente, Walkiria Chandler D’Orcy, y la exdiputada Ana Matilde Gómez, coincidieron en que la paridad de género es un desafío que enfrenta la sociedad, sobre todo en la incursión de más mujeres en la política.

Por ejemplo, Rosas manifestó que “desde afuera no vamos a cambiar nada, hay que estar adentro”. A su juicio, “las mujeres deben entender que, si sentimos que hay desigualdad, quedándonos afuera no vamos a cambiar nada, tenemos que cambiarlo desde adentro, participando y motivando a que otras participen”.

Cano, que llegó a la Asamblea en 2019, al igual que Rosas, contó que ante la falta de experiencia política le costó encajar, pero al final y con ayuda de su conocimiento jurídico, para lo que estudió más y se preparó, logró adaptarse. “Busqué la forma de que mi fortaleza fuera mi preparación académica y profesional para poder entonces encajar”, añadió. Por ello, considera que “la preparación es la fortaleza de la mujer”.

En el evento, que se desarrolló en la Biblioteca Nacional, ubicada en el Parque Omar, Leah de Boersner, vicepresidenta de Espacio Cívico y coautora de la investigación, indicó que como organización que promueve los valores democráticos “sabemos que la paridad de género en los órganos del Estado es fundamental para la democracia, por lo que conocer y analizar nuestra realidad en cuanto a cargos, escalas salariales y la participación política de la mujer nos permite entender dónde estamos y qué acciones hacen falta”.

El estudio “Análisis del presupuesto legislativo con enfoque de género” estuvo a cargo de Valeria Hernández, investigadora del proyecto y oficial de datos de Espacio Cívico.



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