Parece un episodio de película o de serie de intriga política: el único funcionario que se atrevió a denunciar un caso vinculado a corrupción en la entidad del Estado donde laboraba, fue destituido.
El caso es ampliamente conocido: en el gobierno de Laurentino Cortizo, Luis Carlos Stoute fungía como subadministrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG).
Advirtió “irregularidades o claros indicios” de posible comisión de delitos contra la administración pública en el manejo de la plataforma que administraba el vale digital, programa social creado durante la pandemia de la covid-19. Presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, un tiempo después fue destituido del puesto.
A raíz de su denuncia, una fiscalía investiga al exadministrador de la AIG, Luis Oliva, y al empresario Budy Attie, entre otros. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir.
Lea aquí: Imputan cargos a Luis Oliva y al empresario Budy Attie por presunto peculado y corrupción
El pasado miércoles, la Asamblea Nacional remató la historia: sepultó el proyecto de ley que precisamente buscaba blindar a quienes denuncian la corrupción y confirmó una vez más que en esta trama los buenos siempre pagan el precio.
Los 13 votos que mataron el proyecto
El proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Bloise no pasó por falta de cinco votos. Obtuvo 31 votos a favor y 13 en contra. En este último grupo se cuentan a: Carlos Tito Afú, de Cambio Democrático (CD); Raphael Buchanan, Crispiano Adames, Jaime Vargas, Joana Cedeño (suplente de Raúl Pineda), Dominga Bejarano (suplente de Nixon Andrade), todos del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino; Isaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; Jamis Acosta, Tomás Benavides, Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, y Mercedes Gálvez (suplente de Sergio Chello Gálvez), todos de Realizando Metas (RM).
El diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, dijo a La Prensa que algunas bancadas hicieron lobby para que el proyecto no se aprobara. Mencionó directamente a la del PRD. El diputado de San Miguelito agregó que vio a diputados de este partido hablando con otros “tratando de voltear los votos”.
“Sin embargo, creo que este es el juego y el rejuego de la aprobación de los proyectos de ley, pero cuando se trata de temas anticorrupción nosotros siempre tenemos que velar por aprobarlos, tratar de buscar las medidas para poder salir hacia adelante”, añadió.
Cedeño justifica su voto
Por su lado, el diputado Ernesto Cedeño justificó su voto. “Lo que pasa es que es abiertamente inconstitucional. Y le han hecho un cuento a la gente como si uno aquí estuviera hablando de la corrupción. Es que ya la protección al testigo y al denunciante en materia penal existe. Eso está en el artículo 332 (del Código Procesal Penal). Yo se lo dije desde el principio (al proponente Jorge Bloise). Este era un proyecto de protección al testigo y denunciante en materia administrativa y patrimonial. Yo le dije: usted tiene que sacar todo lo que es corrupción, porque es un delito. Se llama delito de corrupción a un funcionario. Y la protección está en el 332. Es así”.
Cedeño también dijo que en la propuesta se introdujo “un par de camarones”, que a su juicio también son “inconstitucionales”.
¿Cuáles son esos “camarones”?, le consultó este medio. El diputado recordó que el reglamento interno de la Asamblea dice que no se puede introducir materia extraña a un proyecto sobre un determinado tema en el segundo debate. Añadió que los proponentes propusieron modificar el Código Penal y la ley de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Pero Duke insiste en que no es inconstitucional. Mientras que Bloise, el proponente, recordó que las modificaciones que en su momento se sugirieron, fueron acogidas. Dijo que se las enseñaron a los diputados un día antes de la votación. “Excusarse con que el proyecto tiene malos artículos no es viable para votar en contra de un proyecto cuando tiene un fin noble”, añadió desde el pleno legislativo.
‘El proyecto ya murió’
¿Se podría rescatar esta propuesta? Duke afirma que por el momento no, y es aún menos optimista cuando dice que “el proyecto ya murió”. “Lamentablemente, al ser rechazado, tiene que volverse a presentar y pasar por todo el procedimiento legislativo tal cual”, puntualizó.
Y así, el guion de esta trama quedó cerrado.
