El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información rechazan enérgicamente la publicación de avisos pagados por el Estado, para desmentir notas periodísticas.
Este jueves, en varios periódicos impresos del país, salió publicado un aviso a página entera, firmado por la Secretaría de Comunicación Estratégica del Estado, para desacreditar una nota titulada “Gobierno compró equipos fabricados hace cinco años”, de la periodista Mary Triny Zea, publicada el día antes en el diario La Prensa. La referida Secretaría reclama que la nota no dice “que la Contraloría General de la República determinó que el Ejecutivo no ha gastado un solo balboa para comprar equipo médico del presupuesto del Covid-19. El Ejecutivo no ha realizado ninguna compra de equipos médicos… Panamá necesita que hablemos con la verdad”.
El CNP y el Fórum señalan que las instituciones públicas financiadas con los impuestos de los contribuyentes tienen la obligación de divulgar toda la información de interés ciudadano y rendir cuentas por las actuaciones de los funcionarios.
“Resulta inaudito que en lugar de cumplir con este deber, se dediquen a atacar a los medios de comunicación, despilfarrando los fondos necesarios para combatir la pandemia e informar sobre las gestiones públicas dedicadas al mismo objetivo”, señala un comunicado divulgado por ambos gremios este jueves.
El CNP y el Fórum exigen a los responsables de la comunicación del Estado “que rectifiquen su tono” y muestren un “verdadero compromiso” con las libertades de expresión y de información.
La nota de la periodista Zea, que provocó el enojo de la Secretaría de Comunicación Estratégica, revela que la empresa a la que el Ministerio de la Presidencia le ha comprado la mayor cantidad de ventiladores destinados a hospitales del Estado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus –y a la que habría que pagarle la mayor cuantía–, Primo Medical Group Corp., se dedicaba –hasta julio de 2019– a la venta de partes de autos.
Sus dignatarios, además, son los mismos que tenía hasta enero de 2019 otra compañía envuelta en el reciente escándalo del contrato de $168 millones de la Caja de Seguro Social (CSS).
