Para el Órgano Judicial, los $351 millones que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como presupuesto para 2026 no son suficientes. Esto, a pesar de que el recorte representa apenas el 11% de lo solicitado originalmente ($395 millones), en contraste con otras entidades a las que se les redujo hasta el 70% de sus fondos. Un ejemplo de esto es el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).
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Los montos con los que pretende operar el Poder Judicial el próximo año fueron tema de debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este lunes 22 de septiembre. María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sustentó las cifras acompañada por sus colegas Olmedo Arrocha, Maribel Cornejo y María Cristina Chen, así como por Vielza Ríos, secretaria administrativa del Órgano Judicial.
López advirtió que el recorte presupuestario afectará principalmente 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará a regir el próximo 13 de octubre. También señaló que se verán impactados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, servicios comerciales y mantenimiento y reparación de equipos de computación.
Casi $20 millones en gastos de representación
La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, preguntó sobre quiénes tienen derecho a cobrar gastos de representación, ya que el Órgano Judicial solicitó $20.2 millones para este renglón, pero el MEF recomendó $19.3 millones para ese propósito.
López respondió que, por ley, este beneficio corresponde a los magistrados de la Corte, magistrados superiores, secretarios, subsecretarios, jueces, defensores y directores.
Los nueve magistrados de la Corte, por ejemplo, reciben $4,000 en gastos de representación, además de un salario base de $10,000.
El bono de $500
Prado también consultó sobre los $4.7 millones solicitados para bonos y aguinaldos, de los cuales el MEF recomendó $2.7 millones.
López citó el artículo 63 de la Ley 53 de agosto de 2017, que respalda este beneficio. Sin embargo, aclaró que, aunque en 2023 se aprobó un bono de $500 para todos los funcionarios (7,020 servidores), el pago no se ha concretado por trámites pendientes con la Contraloría General de la República.
“Se cuenta con los recursos, pero se está a la espera del contralor para hacerlo efectivo”, añadió.
El fallo que blinda el presupuesto de la justicia
La presidenta del Órgano Judicial recordó a los diputados de la Comisión de Presupuesto un fallo de la propia Corte que establece que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no podrán ser inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Las preguntas que no se hicieron
La intervención de los magistrados en la Comisión de Presupuesto transcurrió sin mayores cuestionamientos. La única que formuló preguntas fue la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos.
Ningún diputado les consultó sobre el polémico acuerdo que les permitía jubilarse con el 100% del salario, un documento que se vieron obligados a derogar tras las fuertes críticas ciudadanas.
Tampoco hubo preguntas sobre el aumento salarial de los magistrados, que pasó de $10 mil a $14 mil.
