Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil, quienes se desempeñaron como jefes de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), no solo no han rendido cuentas por su rol protagónico en el escándalo de la denominada descentralización paralela, sino que hoy tienen una activa y ascendente vida política dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Mientras docenas de alcaldes y representantes de corregimiento vinculados a la trama de corrupción enfrentan procesos penales o están detrás de las rejas, estos dos exfuncionarios se consolidan en la estructura del PRD.
El sello y las firmas
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó a Mosley Ibarra como Secretario Nacional de Organización y ratificó a Vigil como Secretario de Asuntos Comunitarios.
La decisión consta en una resolución publicada en el Boletín Electoral número 6,002 del 30 de marzo de 2026, que lleva las firmas del diputado Benicio Robinson, presidente del partido, así como de José Luis Fábrega, primer vicepresidente; Jesenka Espinosa Ríos, segunda vicepresidenta; Balbina Herrera Araúz, secretaria general; y los seis subsecretarios generales: Raphael Buchanan, Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda Vergara, Ricardo Torres Díaz, Julio Mendoza González y Arquesio Arias Félix.
El Consejo Directivo Nacional ratificó la decisión el pasado 5 de marzo mediante la Resolución N°001-CDN-PRD, con la firma adicional de decenas de presidentes de área de todo el país, desde Bocas del Toro hasta las comarcas indígenas. El PRD completo firmó.
El historial que el partido ignora
Edward Mosley Ibarra hoy es un empresario turístico y avícola en Veraguas. Francisco Vigil da clases en la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Ibarra, ahora al frente de la Secretaría Nacional de Organización, fue director de la AND cuando el escándalo estalló con toda su magnitud. Al menos $320 millones fueron transferidos a gobiernos locales controlados por diputados del PRD y sus aliados, sin control.
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Cuando en 2023 la Procuraduría de la Administración inició una investigación sobre el asunto, Ibarra presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia y logró frenar la pesquisa. La AND contrató los servicios del abogado Ángel Álvarez para representarlo en la Corte. El costo, según Panamá Compra: $190 mil.
Ibarra nunca explicó con qué criterios se asignaban millones a gobiernos locales del PRD vinculados a Robinson, Pineda o Jairo Bolota Salazar. Las juntas comunales de Bocas del Toro, por ejemplo, recibieron $28.9 millones.
Vigil, actual secretario de Asuntos Comunitarios del PRD, dirigió la AND entre junio y agosto de 2021. En su administración se ejecutaron las primeras transferencias a los fortines del entonces partido de gobierno.
Mientras controlaba la Autoridad de Descentralización, cargo en el que ganaba al menos $6,000, paralelamente recibía otros $4,748 como docente de la estatal Universidad Autónoma de Chiriquí.
¿Fuero?
Son autoridades de un partido político legalmente constituido, ¿Los ampara el fuero electoral penal? Es una de las preguntas que podría surgir.
El artículo 305 del Código Electoral establece que los secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos no pueden ser investigados, detenidos ni procesados sin autorización previa de los juzgados administrativos electorales.
Pero el abogado Javier Ordinola descarta ese argumento con dos premisas. La primera: el fuero aplica mientras la persona es candidata a un puesto, ya sea de elección popular o interno del partido. Cuando se produce la proclamación o designación, el fuero desaparece. El boletín del Tribunal Electoral no es otra cosa que el anuncio oficial de quiénes ocupan esos cargos.
La segunda: los secretarios nacionales del PRD no forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es el organismo donde residen los cargos de secretario general y subsecretarios generales que menciona el Código Electoral.
Son figuras auxiliares del CEN, de menor jerarquía, según el propio estatuto del partido. “Habría que ver si ellos encajan dentro de ese concepto”, dice Ordinola, “y eso solamente se sabrá si hay algún proceso en donde estén investigando a estas personas y ellos vayan a aducir que tienen fuero”.
¿Son procesados?
Por lo pronto, se desconoce si el Ministerio Público investiga a los dos exdirectores de la Autoridad de Descentralización que manejaron el flujo de millones hacia los bastiones electorales del PRD durante el gobierno de Cortizo.
Lo que sí es público y oficial es que el partido al que sirvieron les devolvió el favor con cargos de dirección nacional. La justicia no se ha pronunciado, pero el PRD sí.
