La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se prepara para iniciar, a partir de este lunes 29 de septiembre, el trabajo de elaboración de las recomendaciones que presentará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la distribución del presupuesto 2026.
La expectativa es alta, pues los recursos a asignar rondan los 34,901 millones de dólares, y cada decisión tendrá un impacto directo en la vida de los panameños.
Su presidente, Eduardo Vásquez, asegura que la tarea exige claridad y enfoque. “El recurso público debe destinarse a educación y salud, no a bonificaciones”, afirma, subrayando la necesidad de administrar los fondos con responsabilidad en un contexto en el que las limitaciones fiscales y las demandas ciudadanas tensionan cada decisión.
El presupuesto general del Estado para 2026 representa un aumento de 4,181 millones de dólares respecto a 2025, con 11,141 millones destinados a inversión pública. Sin embargo, la cifra no puede analizarse sin considerar la otra cara de la moneda: la deuda pública creció de 26,612 millones en 2019 a 51,812 millones en 2024, un incremento histórico que ha disparado también los pagos de intereses, que pasaron de 1,264 a 3,192 millones anuales, un 152% más.
El reclamo
En este escenario, más del 90% de las entidades públicas solicitaron un mayor presupuesto, un hecho que convierte el trabajo de la Comisión en un desafío monumental. No se trata solo del MEF; el equipo de Vásquez debe ponderar cada solicitud, discernir prioridades y garantizar que los recursos se distribuyan de manera estratégica.
“Hay asesorías, hay bonificaciones, hay seguros privados… pero lo importante es distinguir qué es realmente prioritario”, dice Vásquez. Para el diputado del distrito de Capira, la misma exigencia que se hace a los panameños de ceder en tiempos de restricciones económicas debe aplicarse también a las instituciones: aceptar límites y comprender que el recurso es finito.
El debate sobre el presupuesto, insiste Vásquez, va más allá de los números. La manera en que se asignan los recursos influye directamente en la economía del país, en la infraestructura, en la salud y en la educación. Cada cifra, cada asignación, repercute en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
“Esas son las verdaderas prioridades de los panameños”, afirma. Pero reconoce que años de corrupción y clientelismo han minado la confianza de la ciudadanía y complicado el trabajo de autoridades locales, como los representantes de corregimiento, quienes muchas veces se ven limitados por decisiones que escapan a su control.
Para Vásquez, la clave está en priorizar y planificar. “Tenemos que entender que los recursos del país deben utilizarse de la mejor manera posible, y la única forma es con planificación”, subraya. Por ello, la Comisión se reunirá con su equipo técnico este lunes, con el objetivo de organizar y definir las recomendaciones que serán enviadas al MEF.
Las reuniones se desarrollarán contra el reloj. Entre lunes y martes, explica, se espera avanzar en la estructuración del trabajo. “Nos reunimos con todo el equipo técnico de la Comisión para ordenar las tareas que vienen. De mañana en adelante empezamos el trabajo”, detalla, mostrando la urgencia que exige la complejidad del proceso.
Las recomendaciones
Sobre las recomendaciones, Vásquez es tajante: no habrá aumentos generalizados del presupuesto. “Si la universidad es el tema, entonces la universidad y sus estudiantes deben estar en el centro de la discusión”, señala. La lógica es simple: priorizar lo esencial sobre lo accesorio y asignar los recursos donde más se necesitan.
El diputado reconoce que la presión de las instituciones es alta. Cerca del 90% ha solicitado más fondos, lo que, según él, no es viable. “Si no priorizamos, terminamos destruyendo al país”, advierte, recordando que cada decisión presupuestaria tiene consecuencias para la estabilidad económica y social de Panamá.
Al cierre de las vistas presupuestarias, Vásquez hace un balance positivo: “Sí estoy satisfecho, porque hemos logrado mandar un mensaje de responsabilidad y de que el trabajo se puede hacer de manera ordenada”, dice. Pero admite que al inicio fue complicado coordinar a todas las instituciones participantes. “El año pasado hubo muchas discusiones, y este año quisimos establecer condiciones para que las cosas se desarrollaran de la mejor manera”, concluye, con la certeza de que el proceso apenas comienza.
