El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó este viernes 29 de mayo una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá, como parte de una investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
La diligencia investigativa se desarrolló en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escrucería, y tuvo como propósito recabar y verificar información documental de interés para el desarrollo de las investigaciones.
El Ministerio Público tiene más de un año siguiendo el rastro del patrimonio acumulado por de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y su familia más cercana.
El 15 de mayo de 2025, el procurador dirigió una nota de dos páginas a la directora del Registro Público, con una lista de nombres y cédulas, y una solicitud expresa: buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y 12 familiares más, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.
Este tipo de pesquisas suele ser el preludio de casos complejos orientados a auditar la procedencia de bienes de personas con capacidad de gestión o influencia dentro del sector estatal.
La solicitud, dirigida a la directora general del Registro Público busca determinar con precisión si estas personas mantienen propiedades inscritas a su nombre o en sociedades, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro en las que figuren como directivo, dignatario, representante legal, socio o suscriptor.
En la lista de personas naturales remitida por el procurador al Registro Público aparecen tres hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero.
Declaraciones del procurador
Al salir del Registro Público, Gómez Rudy subrayó que se trata de una investigación preliminar relacionada con una denuncia anónima remitida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
“En el día de hoy nos hemos apersonado al Registro Público de Panamá a realizar una diligencia de inspección ocular dentro de una investigación que cursa la Procuraduría General de la Nación”, declaró el procurador.
El jefe del Ministerio Público explicó que la diligencia busca identificar bienes registrados a nombre de personas naturales y jurídicas mencionadas dentro de la investigación.
“Lo que se busca es poder identificar una serie de bienes que están a nombre de sujetos o personas naturales y, de igual manera, cualquier tipo de información adicional que conste en el Registro Público que nos permita continuar con las investigaciones”, señaló.
También detalló que actualmente verifican propiedades vinculadas con “aproximadamente 13 personas naturales” y “12 personas jurídicas”, con el propósito de determinar la existencia de bienes y avanzar en posibles análisis de trazabilidad financiera.
El procurador indicó además que el expediente aún se encuentra en una etapa inicial y que las autoridades continúan recabando información derivada de la denuncia anónima. “Nos encontramos dentro de una investigación de naturaleza preliminar”, precisó Gómez Rudy, al tiempo que aclaró que todavía no han llegado “a esa fase donde se hacen este tipo de peticiones especiales”.
No obstante, sostuvo que la documentación obtenida durante la diligencia podría conducir a nuevas actuaciones dentro de la investigación.
La sociedad investigada
Este medio pudo conocer que una de las sociedades bajo escrutinio en la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación es Bonagas Medianero Foundation, una fundación de interés privado constituida el 22 de febrero de 2021 con un patrimonio inicial de 10 mil dólares.
De acuerdo con la información en el Registro Público, en apenas unos años la entidad acumuló bienes cuyo valor declarado supera los 470 mil dólares, entre ellos dos fincas ubicadas en Boquete, provincia de Chiriquí, y un apartamento en el exclusivo sector de Marbella, en el corregimiento de Bella Vista.
La fundación mantiene una estructura de control familiar. La presidencia recae en Ethel Mayte Bonagas Medianero, mientras que sus hermanos, Moisés Enrique Bonagas Medianero y Jessica Joanna Bonagas Medianero, ocupan los cargos de secretario y tesorera, respectivamente. Los tres son hijos de la rectora.
Los documentos registrales identifican a Medianero de Bonagas como fundadora de la organización, que desde su creación ha incorporado activos inmobiliarios en algunas de las zonas con mayor valorización del país.
Uno de los movimientos patrimoniales más relevantes se produjo en mayo de 2023, cuando la fundación adquirió el 67% de una finca ubicada en Boquete, inscrita bajo el folio real 30218971. La participación adquirida comprende una superficie de 4,324.60 metros cuadrados y fue registrada por un valor de 161,365.75 dólares.
El 33% restante quedó en manos de Deidamia Díaz Ocaña, quien hasta 2025 laboró como docente en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y figuraba entre las colaboradoras más cercanas a la rectora Etelvina de Bonagas.
La expansión inmobiliaria continuó durante los meses siguientes. En noviembre de 2023, la fundación incorporó una segunda finca en Boquete, inscrita bajo el folio 30218970, por un valor de 80,281.75 dólares, convirtiéndose en propietaria absoluta del inmueble.
Posteriormente, en octubre de 2024, dio el salto hacia la capital con la adquisición de un apartamento en el P.H. Marbella Tower II por 229 mil dólares. El inmueble, ubicado en Marbella, incluye dos estacionamientos y fue adquirido a la sociedad Atlas Management Group, S.A., según consta en los registros oficiales.
