Durante dos semanas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha sido testigo del desfile de funcionarios de distintos ministerios y entidades del Estado para sustentar sus proyecciones financieras para el próximo año.
El ejercicio, que comenzó el lunes 25 de agosto, ha dejado al descubierto no solo las prioridades del gobierno de José Raúl Mulino para el 2026, sino también las contradicciones entre la necesidad de austeridad y la obligación de invertir en desarrollo.
La sede de la comisión, ubicada en el viejo edificio del Palacio Justo Arosemena, ha sido escenario de reproches, cuestionamientos incómodos y revelaciones que han activado la conversación pública.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, calificó de “irreal” la meta constitucional de destinar el 7% del PIB a educación. Los magistrados del Tribunal Electoral admitieron el pago de seguros para vehículos particulares de un grupo de funcionarios. El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, reveló que la entidad gastará $533 mil en dietas para siete directivos; mientras que la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, defendió una partida de $4 millones para la polémica lotería electrónica, proyecto que incluso el propio presidente de la República ha criticado.
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‘Trampa de adendas’
La diputada Janine Prado, miembro de esta comisión, calificó como “trampa de adendas”, a la plataforma contractual que amarra a la lotería electrónica con el gobierno.
“Sin licitación clara, la concesión se extendió hasta 2033, asegurando millones para una empresa cuyos dueños reales se mantienen ocultos. Juegos como La Loto y el Pega 3 fueron incorporados en el camino, garantizando 15% de comisión, mientras la institución pública pone la red de venta y los premios. La Procuraduría lo calificó de ilegal y hoy la Corte Suprema debe decidir. Cada día de demora cuesta millones que debieron ir a programas sociales y no a enriquecer a privados”, escribió la diputada en su cuenta de X.
🔍 Lo que inició como un contrato para “modernizar” la LNB terminó convertido en una trampa de adendas. Sin licitación clara, la concesión se extendió hasta 2033, asegurando millones para una empresa cuyos dueños reales se mantienen ocultos.
— Janine Prado (@janineprado06) September 5, 2025
🎲 Juegos como La Loto y el Pega 3… pic.twitter.com/ioDKa1vdXi
El tiempo es oro
En el transcurso de esas dos semanas también desfilaron por la comisión entidades como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Obras Públicas, la Fiscalía Electoral, la Autoridad Marítima de Panamá, entre otras.
La agenda incluyó hasta seis presentaciones por día, lo que convierte a las jornadas en una maratón de exposiciones técnicas y discusiones políticas.
Eduardo Vásquez, presidente de esta comisión y diputado del partido Cambio Democrático, explicó que uno de los principales retos ha sido la eficiencia en la revisión. En este ejercicio el tiempo es vital.
El diputado de Capira, en Panamá Oeste, afirmó que la comisión ha acelerado el ritmo de trabajo sin dejar de lado la fiscalización. “Hemos logrado atender entre cinco a seis vistas presupuestarias por día y, a esto se suma que algunas entidades solicitan traslados de partidas”, manifestó a La Prensa.
Vásquez reconoció que varios ministerios no están conformes con los montos asignados. “Se les ha dicho que pueden presentar una reconsideración directa al Ministerio de Economía y Finanzas con copia a la comisión”, agregó.
Sobre los traslados de partidas, el diputado aseguró que la comisión busca transparencia. “No permitimos traslados de inversión casados con deuda, sino que sean separados”, detalló.
A su juicio, los ministerios que “mueven la economía del país, como el MOP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, deben ser fortalecidos, aunque siempre bajo fiscalización.
Consultado sobre el avance del proceso, Vásquez estimó que en “cuatro semanas deberíamos haber terminado todo ya para presentar el segundo debate y las recomendaciones de la Comisión”.
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Recortes en inversión
Betserai Richards, otro miembro de esta instancia legislativa, tiene diagnóstico crítico. Le preocupa el debilitamiento de la capacidad estatal para generar crecimiento y garantizar servicios.
“Básicamente lo que hemos visto es un importante recorte en el rubro de inversión de varias instituciones del Estado. Esto preocupa”, afirmó Richards en conversación con este medio.
El diputado del circuito 8-6, y miembro de la debutante bancada Seguimos, citó ejemplos concretos. La Ampyme, la autoridad dedicada a promover la micro, pequeña y mediana empresa, contaría con solo $400,000 para inversión. “Los ciudadanos esperan que haya más recursos, que haya más trabajo, pero si no se generan nuevos empleos... simplemente vamos a tener una crisis de empleo que va en aumento”, advirtió.
Mientras que la Acodeco, añadió, la entidad encargada de proteger al consumidor y la libre competencia, enfrenta recortes en inversión y funcionamiento. Richards expuso la dimensión del problema: “120 mil negocios a nivel nacional... tienen solo 89 inspectores dedicados”.
También mencionó el reto que encarna fortalecer financieramente a la educación superior, pues confirmó recortes presupuestarios a universidades estatales. Como ejemplo, habló de los casos de la Universidad de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas).
El temor, según Richards, es que esto se traduzca en “recortar algunos planes o destituir docentes”, lo que afectaría directamente a los jóvenes.
Las vistas presupuestarias siguen este lunes 8 de septiembre.
