Luego de una serie de publicaciones a cargo de La Prensa sobre el traspaso al diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático Benicio Robinson de una finca en Boquete, Chiriquí, donde se construye una mansión, el presidente de Movimiento Otro Camino Ricardo Lombana dijo que tiene ya “varios años” cuestionando, fuerte y públicamente, la actuación e iniciativas de Robinson en la Asamblea Nacional. A juicio de Lombana, el diputado perredista considera a la Asamblea como “su finca personal”, con la principal función de beneficiar su propio patrimonio.
“He criticado fuertemente hechos como su escogencia de presidente de la Comisión de Presupuesto; la innecesaria creación de más corregimientos en Bocas del Toro con claros fines clientelistas y aumentar su poder; y la modificación a la ley que permite a empresas corruptas confesas ser contratadas en Panamá, entre otras muchas ‘bellezas’. Sin entrar a mencionar el control que ejerce sobre el béisbol nacional y su politización”, detalló.
A su vez, Lombana manifestó que no se puede olvidar que, en noviembre de 2018, antes de siquiera ser candidato presidencial por la libre postulación, presentó una denuncia penal contra Robinson y 10 diputados más por el escándalo de los bates de béisbol y el desvío millonario de fondos a través de asociaciones deportivas que finalmente fue archivada.
“Solo me queda decir que lo que revela el reportaje de La Prensa sobre Robinson y Bagatrac no me sorprende en lo absoluto, como tampoco el silencio sepulcral de las autoridades llamadas a investigar el caso” agregó.
Lastimosamente, la advertencia que hice en abril de 2019 fue ignorada y hoy se sigue comprobando su certeza: "El que pacta con delincuentes hoy, gobernará con delincuentes mañana".
— Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) March 9, 2022
Según un reporte periodístico de La Prensa, el diputado bocatoreño –quien preside el gobernante PRD– adquirió, a través de una fundación privada, una finca en Boquete. La compraventa se hizo mediante una triangulación cuyas huellas conducen hasta una de las empresas contratistas más importantes del Estado panameño: Bagatrac, S.A.
Hasta la fecha ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público han informado si iniciarán una investigación sobre la sospechosa transacción.
