Aquella mañana del 13 de abril, el debate en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no giraba en torno al futuro de la polémica rectora Etelvina Medianero de Bonagas, sino al futuro financiero de la universidad. Entre cifras, déficits y reclamos por los recortes del Gobierno, el Consejo Administrativo terminó aprobando un presupuesto de 118.8 millones de dólares para 2027.
En ese momento, Medianero de Bonagas seguía al frente de la institución y nadie anticipaba que semanas después anunciaría su salida. Vista en retrospectiva, aquella sesión terminó convirtiéndose en el último gran trámite presupuestario de una administración que durante años estuvo en el centro de controversias y enfrentamientos públicos.
En aquella sesión del Consejo Administrativo, la encargada de presentar las cifras fue la directora de Planificación, Iris Fuentes. Frente a las autoridades universitarias, expuso una realidad que sonaba más a advertencia que a informe financiero. La Unachi pasó de administrar más de 108 millones de dólares en 2024 a operar con apenas 72 millones en 2025. El golpe, explicó, no solo redujo la capacidad operativa de la universidad, sino que también dejó una cadena de deudas que todavía persigue a la institución.
“Tenemos hoy problemas con la Caja de Seguro Social”, dijo Fuentes. La deuda supera los 12 millones de dólares. A ello se suman más de 15 millones adeudados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y cerca de siete millones correspondientes a primas de antigüedad, vacaciones y otros compromisos laborales pendientes. La cifra total parecía crecer con cada explicación.
Discursos de barricada
Por ello, la administración universitaria decidió solicitar mucho más de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) parece dispuesto a reconocer. La petición para 2027 asciende a 118.8 millones de dólares. Sin embargo, la propia directora admitió que el Gobierno ya había adelantado cuál podría ser la respuesta.
“La circular del Ministerio nos asignó para funcionamiento 72 millones de dólares; o sea, tenemos el mismo presupuesto para el año 2027”, explicó.
En la sala se instaló entonces una sensación compartida: la de estar discutiendo una necesidad que probablemente chocaría con la realidad política y fiscal del país. El primero en verbalizarlo fue el decano Ramón Rodríguez, quien hizo una férrea defensa del presupuesto, aunque también lanzó una autocrítica interna.
“El presupuesto debe ser presentado a las juntas de facultad y no está siendo así”, reclamó.
Rodríguez fue más allá. Comparó la situación con una batalla institucional y pidió a los presentes convertirse en defensores activos de la universidad.
“Tenemos que convertirnos cada uno en un soldado”, dijo. Luego elevó el tono: “Aquí no podemos tirar alfileres; tenemos que unirnos y formar un cañón”.
Su intervención marcó uno de los momentos más comentados de la sesión. Para el economista y decano, los 118 millones solicitados no representaban una exageración, sino una consecuencia lógica de los recortes sufridos durante los dos años anteriores.
“Lo que necesitábamos el año pasado eran 113 millones para cumplir con los compromisos”, insistió.
Otros cuestionamientos
Pero no todas las críticas estaban dirigidas al Gobierno. El profesor Félix Quiel puso el foco dentro de la propia institución. Cuestionó que la propuesta presupuestaria no contemplara escenarios alternativos y criticó la distribución de las inversiones.
“Para esta fecha del próximo año vamos a estar en el mismo problema y no soy futurólogo”, advirtió.
Quiel también abrió un debate sobre las prioridades institucionales. Mientras revisaba las partidas de inversión, encontró recursos asignados a una planta agroindustrial y los comparó con necesidades más urgentes, como la construcción de edificios académicos y el mantenimiento de la infraestructura existente.
“No creo que una planta agroindustrial esté por encima de un edificio de un decanato”, sostuvo.
Desde las bancas estudiantiles también surgieron reclamos. Cristian Villalta, representante de la Facultad de Derecho, aprovechó la discusión para recordar una vieja promesa universitaria: la construcción de un edificio para esa unidad académica.
“Ya estoy por salir; quizás este sea mi último año”, comentó antes de pedir que se buscaran mecanismos para iniciar una obra largamente esperada por cientos de estudiantes.
La respuesta de las autoridades fue tan realista como desalentadora. El proyecto existe y figura en la planificación estatal para 2028. Sin embargo, entre la existencia de un proyecto y la disponibilidad de recursos hay un abismo que la universidad conoce demasiado bien.
Interviene la rectora
Cuando la discusión parecía centrarse únicamente en cifras, apareció otro elemento: la reputación institucional. La rectora Etelvina Medianero de Bonagas habló sin rodeos. Atribuyó parte de las dificultades presupuestarias a los conflictos que han rodeado a la universidad en los últimos años.
“Todo por nuestra culpa”, dijo. La frase provocó un breve silencio en la sala.
La rectora insistió en que los escándalos han terminado pasándole factura a la institución.
“Nos han quitado el presupuesto y tenemos internamente que resolver los problemas”, afirmó.
Luego recordó que los recursos que recibe la universidad ya no alcanzan para cubrir la totalidad de la planilla, obligando a la institución a depender cada vez más de los programas de maestría y posgrado para financiar servicios básicos.
Mientras los consejeros discutían proyectos, porcentajes y deudas, la directora de Planificación lanzó una frase que resumía buena parte de la frustración institucional. Al referirse al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), explicó que la universidad apenas puede actualizar proyectos existentes porque los topes presupuestarios ya están definidos.
“No me permite incrementarlo”, señaló.
En otras palabras, las necesidades aumentan, pero el margen para financiarlas permanece congelado.
La sesión se extendió durante horas entre llamados a la unidad, críticas a los mecanismos de asignación presupuestaria y advertencias sobre el futuro. Al final, más allá de las diferencias, predominó la idea de que rechazar el presupuesto sería peor que aprobarlo.
Cuando llegó el momento de votar, la rectora pidió a los miembros del Consejo Administrativo que levantaran la mano. Uno tras otro, como había ocurrido en numerosas votaciones durante su gestión, los consejeros respaldaron la propuesta. No hubo celebraciones ni aplausos de victoria. Lo que se aprobaba era, en realidad, una aspiración presupuestaria que todavía debía superar el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas.
De hecho, autoridades de la Unachi sustentaron esta semana el proyecto ante el MEF.
Ahora, con la salida de Medianero de Bonagas de la rectoría y una vez concluida la sustentación del presupuesto ante el ministerio, la última palabra recaerá en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia ante la que la rectora se ausentó durante los dos últimos años de su gestión. Sin embargo, ya no será ella quien defienda la propuesta, sino quien resulte designado para reemplazarla, lo que aún se desconoce.
