A pocos días de que se inicie el proceso de escogencia del nuevo defensor del Pueblo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió que la institución ha perdido relevancia y necesita recuperar su papel como garante de los derechos ciudadanos.
“La Defensoría del Pueblo ha perdido relevancia para la gente que más la necesita”, señaló la organización en un comunicado, en el que también subrayó que la entidad debe convertirse en un referente ético y en la voz de quienes no tienen representación.
El pronunciamiento se da en vísperas del proceso que estará a cargo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Según informó el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de esta instancia, las entrevistas a los aspirantes comenzarán el lunes 30 de marzo, a las 9:30 a.m., en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena.
De acuerdo con el cronograma, cada uno de los 35 aspirantes contará con cinco minutos para exponer su plan de trabajo ante los comisionados. Este paso forma parte del proceso previo a la selección de los candidatos que serán presentados ante el pleno legislativo.
No obstante, persisten interrogantes sobre el avance en la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes, un requisito clave antes de la fase de entrevistas.
La Constitución establece que el defensor del Pueblo debe ser panameño por nacimiento, mayor de 35 años, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenado por delitos dolosos con penas de cinco años o más. Además, debe contar con solvencia moral, prestigio reconocido y no tener vínculos familiares cercanos con altas autoridades del Estado.
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Criterios de exclusión
En su comunicado, la fundación también planteó una serie de criterios sobre quiénes no deberían ser considerados para el cargo. Entre ellos, figuran personas que hayan ocupado recientemente altos cargos en otros órganos del Estado, que carezcan de experiencia en derechos humanos o que mantengan vínculos con partidos políticos.
Asimismo, advirtió que deben excluirse candidatos con antecedentes relacionados con corrupción, sanciones éticas, violencia de género, acoso o discriminación, así como aquellos con intereses económicos vinculados al Estado.
La organización también señaló que quienes hayan ocupado previamente el cargo no deberían ser considerados nuevamente, lo que pone bajo escrutinio al actual defensor del Pueblo, quien aspira a la reelección.
Finalmente, la fundación reiteró que la Defensoría “se creó para ser la voz de quienes no tienen voz, no un premio de consolación ni un botín político”, e hizo un llamado a la Asamblea Nacional a actuar con responsabilidad en esta elección.
El rol de un defensor
Un defensor del pueblo cumple con el papel de defender los derechos humanos que garantizan la Constitución Política, las leyes y los instrumentos de derecho internacional que Panamá haya suscrito.
Si bien no puede dictar sentencia, su figura es clave como mediador y vigilante del cumplimiento de los derechos humanos, especialmente para proteger a grupos vulnerables.
