El cabildeo en defensa de la propuesta de ley para que alcaldes y representantes de corregimiento puedan ejercer funciones en sus comunas y, a la vez, trabajar en otras entidades del Estado y cobrar por eso, empezó a ganar espacio en la agenda pública.
El diputado perredista Javier Sucre, uno de los proponentes de la iniciativa legislativa, la definió como “una necesidad” de los representantes y alcaldes que, según argumentó, “tienen el problema de que se les ha disminuido, a lo mejor, hasta más del 50% de su salario a mitad de periodo”.
Por su parte, Wilfredo Pimentel, alcalde Ocú y uno de los que se beneficiaba con el doble salario antes de que la Corte Suprema de Justicia fallara en contra de esa prerrogativa, manifestó ayer miércoles en TVN que no pretenden retornar a la licencia con sueldo; que ellos solo quieren que se les permita trabajar en las instituciones en un horario distinto al de sus funciones en sus municipios. “No seremos botella”, aseguró Pimentel, quien tenía una licencia con sueldo en el Ministerio de Educación por la que cobraba $2 mil 393 mensuales.
Gobiernos locales cierran fila y defienden el doble salario
Autoridades de gobiernos locales y un proponente de la iniciativa de ley que busca revivir el doble salario para representantes de corregimiento y alcaldes cerraron filas en defensa de esta propuesta, la cual espera el primer debate en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.
El primero en justificarla fue el diputado perredista Javier Sucre, uno de los que la promueve. Lo hizo el pasado lunes 12 de septiembre en el periodo de incidencias, ante el pleno de la Asamblea, cinco días después de que la propuesta fuera acogida en la comisión que él preside.
Es ‘necesario’
Ese día, Sucre manifestó que el proyecto de ley se presentó por la “necesidad” de cada uno de los representantes y alcaldes que, según explicó, “tienen el problema de que se les ha disminuido hasta más del 50% de su salario a mitad de periodo”.
Por tal razón, añadió, se les quiere dar “la oportunidad para que ellos puedan ejercer sus funciones en los turnos correspondientes como funcionarios [en las instituciones]”. Añadió que eso se haría “en horas diferentes” a los de sus responsabilidades en las comunas.
“Están perdiendo sus casas. No tienen para pagar la escuela de sus hijos o la universidad”, aseguró Sucre, quien en las elecciones de 2019, además de diputado, fue electo como representante de corregimiento de Juan Díaz, en la capital.
El proyecto redactado por Sucre y Daniel Ramos, que también tiene el respaldo de sus colegas Leopoldo Archibol, Luis Carles, Hugo Méndez, Lilia Batista, Miguel Fanovich y Yesenia Rodríguez, busca modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la gestión pública, para permitir que las autoridades locales puedan “seguir ejerciendo el cargo público que desempeñaban antes de ser electas, siempre que no sea en jornadas simultáneas de trabajo”.
Además, pretende que la institución oficial donde laboraban antes de ser electos les acomode la jornada laboral para que no choque con el horario de trabajo en los municipios.
En marzo pasado, la Corte Suprema Justicia declaró inconstitucional la figura de las licencias con sueldo, debido a que representa un fuero o privilegio.
Pero Sucre no es el único que defiende el proyecto de ley. Ayer, miércoles 14 de septiembre, la propuesta recibió más espaldarazos. Por ejemplo, Ericka González, exjefa de la Secretaría Nacional de la Descentralización –hoy Autoridad Nacional de la Descentralización–, indicó que los representantes y alcaldes pueden cumplir con dos empleos.
“No se establece claramente, ni en la Constitución ni en ninguna ley, un horario para un representante de corregimiento. Creo que se puede adecuar horarios de jornada laboral en esas instituciones”, dijo.
González, quien actualmente es la representante del corregimiento El Muñoz, en Las Tablas, Los Santos, planteó que ella es educadora y, por tanto, puede cumplir durante las primeras horas del día su compromiso con la comunidad, en la que fue electa, y luego en la noche trasladarse a universidades y escuelas nocturnas, como lo hacen otros funcionarios.
¿Se puede?
¿Se puede cumplir con esa alternabilidad de funciones? González aseguró que sí y esta fue su explicación: “Lo que pasa es que antes era licencia con sueldo y no se iba a trabajar. Ahora estamos pidiendo, simplemente ir a trabajar ...”
También planteó otro escenario: en el caso de que se les necesite cuando están ejerciendo el cargo en la institución, “se puede habilitar al suplente”, precisó.
El alcalde de Ocú, Wilfredo Pimentel, también defendió el proyecto de ley. Pimentel, que es docente, señaló que, en su caso, el Ministerio de Educación sería el encargado de verificar que cumpla con su jornada laboral. Este ejercicio, añadió, se podría hacer “en cada una de las instituciones, sin que se descuide la labor municipal o en las juntas comunales”.
Agregó que de darse algún acto de corrupción, “las personas pueden presentar las pruebas” que sustente alguna denuncia. Dijo que ellos solo están solicitando “que se les permita laborar”.
No obstante, ciudadanos y políticos han catalogado de “nefasta” y “clientelista” la iniciativa, pues consideran que intentan revivir el beneficio del doble salario, aunque se hable de “jornadas no simultáneas”.
Si bien es cierto que las autoridades locales aseguran que pueden ejercer funciones en distintas jornadas, cabe señalar que, por lo general, el horario de trabajo de las instituciones es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ley salarial
Julio Vivies, expresidente de la Asociación de Municipios de Panamá y alcalde de Montijo, Veraguas, consideró que más que abogar por el doble salario se requiere una ley de sueldos, sobre todo para los alcaldes que ejercen en municipios subsidiados.
Recordó que cuando la Asamblea comenzó a debatir cambios a la ley de descentralización, en 2015, se acordó que durante el periodo 2019-2024 se mantendrían las licencias con sueldo a favor de las autoridades locales y que después se eliminarían y se establecerían salarios fijos.
“Soy respetuoso de la ley, de que existe un fallo de la Corte que es inapelable. Para mí, ese es un capítulo cerrado. El camino es sentarse con el Ejecutivo y el Legislativo para buscar un salario justo para los alcaldes que devengan un sueldo que no está acorde con sus responsabilidades”, dijo.
Recordó que los alcaldes ganan, según los fondos que recauden. “No se pueden comparar los alcaldes de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y otros municipios grandes con aquellos que son subsidiados”, expresó.
La Ley 37 de 2009, que los diputados quieren modificar, establece que los representantes de corregimiento devengarán un salario de $2 mil al mes.
En cambio, los alcaldes tienen la potestad de establecer su propio salario, según el presupuesto, que sale de las recaudaciones y del apoyo que les da el Ejecutivo a través de la Autoridad de Descentralización.
