El debate sobre el proyecto de ley presentado por el diputado del partido Realizando Metas, Jamis Acosta —una iniciativa que podría incidir en procesos penales ya concluidos y que diversos sectores asocian con un eventual beneficio para el expresidente Ricardo Martinelli— sumó una voz institucional esta semana durante su análisis en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, acudió a la comisión que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho durante el primer debate del documento para fijar una postura clara: la institución respalda la propuesta. No obstante, dejó sentado que su posición no responde a cálculos partidistas ni a casos concretos.
“Mi exposición, al igual que la nota que presentamos, es netamente técnica, sin ningún apego político o partidista, ni en contra de un proceso en particular”, afirmó ante los comisionados.
La iniciativa presentada por Acosta busca modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal, con el fin de equiparar las vías de impugnación del antiguo sistema inquisitivo con las del modelo procesal vigente.
El núcleo de la propuesta radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo o mixto puedan alegar violaciones de derechos fundamentales, de la Constitución y de tratados internacionales mediante el recurso de casación. Además, se plantea que las sentencias firmes también puedan revisarse con base en esa misma causal, lo que ampliaría los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales.
Esta propuesta abriría la puerta a revisar la sentencia condenatoria impuesta a Martinelli, actualmente asilado en Colombia, quien fue condenado a más de 10 años por el caso de blanqueo de capitales conocido como New Business, fallo que ya se encuentra ejecutoriado.
Los argumentos
Durante su sustentación, Leblanc insistió en que su intervención debía leerse en clave jurídica. “Comparezco estrictamente en una exposición técnica orientada a la calidad del debido proceso y a la coherencia del ordenamiento penal con los estándares interamericanos”, subrayó, al intentar desmarcarse de la controversia que rodea el proyecto.
Su participación se produce, además, en un momento decisivo para su propio futuro institucional. Leblanc ha confirmado que aspira a la reelección, y su período constitucional de cinco años vence el próximo 31 de marzo. Su continuidad al frente de la Defensoría dependerá del voto de los diputados, una vez que la Asamblea Nacional abra el proceso de postulaciones para el próximo quinquenio.
Ante la comisión, el funcionario centró el debate en la necesidad de garantizar recursos efectivos contra las condenas penales. “El Estado debe garantizar recursos que sean verdaderamente accesibles y eficaces contra una condena penal, con requisitos razonables y no impeditivos. Y debe asegurar un mecanismo extraordinario de revisión”, sostuvo al fijar la posición institucional.
Leblanc fue más allá y reiteró el respaldo de la entidad al proyecto en discusión. “La Defensoría del Pueblo está de acuerdo con este proyecto de ley. Independientemente de algunos matices que pueda tener, tenemos que pensar en los más y no en los menos”, expresó. Su énfasis estuvo puesto en las personas privadas de libertad que alegan vulneraciones al debido proceso.
El debate
“En muchos casos hay personas privadas de libertad que aducen que, en su momento, no se les respetó el debido proceso”, añadió, al explicar que la revisión extraordinaria puede convertirse en una herramienta de corrección frente a posibles fallas estructurales. Para el defensor, la discusión trasciende nombres propios y debe analizarse desde la perspectiva de las garantías generales.
En esa línea, recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el alcance del artículo 8.2.h de la Convención Americana. “Lo determinante es que el recurso funcione como una vía efectiva para examinar y resolver los agravios, y que sea accesible sin requisitos desproporcionados que lo vuelvan ilusorio”, puntualizó.
La propuesta de ley no logró avanzar en primer debate porque los diputados de Vamos recordaron que no contaba con el artículo indicativo, una exigencia del reglamento interno de la Asamblea que se coloca al final de un proyecto de ley para precisar cuáles son las normas vigentes que se propone modificar.
La decisión obliga a Acosta a reintroducir el documento ante el pleno legislativo, en medio de un nuevo foco de fricción. Al concluir la sesión de la Comisión de Gobierno, el diputado del partido Realizando Metas arremetió contra la actuación de la instancia legislativa, cuestionó el procedimiento adoptado y anunció que volverá a presentar el proyecto, esta vez incorporando el artículo indicativo exigido por el reglamento interno.
