La Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzó un acuerdo que definió las nuevas tasas que regirán en Panamá a partir del 16 de enero de 2026.
El aumento se aplicará con base en 59 tasas que abarcan 74 actividades económicas, un esquema que refleja las diferencias sectoriales y distribuye de forma progresiva el peso del ajuste.
Este medio solicitó las 59 tasas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pero la ministra Jackeline Muñoz explicó que “aún están en revisión”, debido a que son numerosas áreas y no era posible suministrar la información completa.
Un día antes, la entidad había informado que la mayoría de los ajustes se ubican entre 9 y 16 dólares por mes, dependiendo de la actividad económica y la región.
En la región 1, el sector doméstico recibirá un aumento de 10 dólares mensuales, mientras que los agentes de seguridad obtendrán un alza de 12 dólares en ambas regiones.
Los trabajadores de restaurantes, hoteles y transporte de carga también verán mejoras, con un incremento de 9.50 dólares.
En la región 2, el ajuste más alto recae sobre los recolectores de desechos, quienes recibirán 15 dólares adicionales al mes. Para el comercio al por menor, el aumento será de 9.50 dólares en ambas regiones, y en el comercio al por mayor, específicamente en la región 1, se aplicará un ajuste similar de 9.50 dólares mensuales.
Trabajadores divididos
Aniano Pinzón Real, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), explicó que el proceso fue más arduo de lo que suele percibirse desde afuera. “No es fácil negociar 59 áreas de salario mínimo en dos zonas con 74 diferentes salarios”, afirmó, al describir la revisión “rubro por rubro” que llevó a aumentos que “se ajustaron entre 9 y 16 dólares”.
Según Pinzón, el objetivo central no era solo actualizar cifras, sino enviar una señal al país: “Este es un país que necesita paz social y tranquilidad”.
El dirigente aseguró que el ajuste buscó evitar efectos adversos en el empleo y proteger a los sectores más frágiles. “Se buscaba también que no hubiera despidos y, con este, se han evitado los despidos”, dijo, al recalcar que uno de los logros fue la creación de una mesa permanente para monitorear la evolución laboral y económica.
Por su parte, Marco Andrade, coordinador de Conusi, cuestionó con firmeza el ajuste aprobado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo y acusó al Gobierno de haber cerrado la puerta a una negociación real.
“Lo habíamos advertido y, en la medida en que el Gobierno no tenía intención de una discusión seria para mejorar el salario mínimo, el resultado era previsible”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó que, en el caso de las trabajadoras domésticas, el alza equivale a “5 dólares por quincena”, cifra que calificó como “una burla” que ha generado “indignación general” entre los trabajadores. Andrade defendió la decisión de Conusi de no participar en las últimas reuniones porque, dijo, “no hay transparencia”, y advirtió que el ajuste aprobado “no apunta a resolver la gran desigualdad que hay en el país”.
Empresarios y Mitradel
El consultor empresarial, René Quevedo, destacó que el valor principal del nuevo ajuste salarial no radica únicamente en las cifras, sino en el proceso que las hizo posibles.
“Quizás lo más importante del ajuste anunciado es que fue producto de un consenso”, afirmó, al subrayar que el país enfrenta una “crisis laboral sin precedentes, con desempleo de dos dígitos”, el nivel más alto en dos décadas si se excluyen los años de pandemia.
Aunque reconoce que “nadie duda de la necesidad de hacer justicia a muchos trabajadores” cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, advierte que el contexto económico obliga a equilibrar cualquier decisión con la capacidad real de las empresas para sostener empleos.
En ese escenario, consideró valioso el proceso técnico de la Mesa del Salario Mínimo, que permitió “la discusión y análisis de data concreta” como fundamento para buscar “justicia social dentro de lo que es financieramente viable”, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan “más del 83% de los patronos activos en la CSS”.
Según el consultor, esa realidad obliga a tomar decisiones con cautela para no agravar la fragilidad del mercado laboral.
Por su parte, la ministra de Trabajo defendió el ajuste al salario mínimo como una decisión técnica y prudente, diseñada para equilibrar las diferencias entre regiones y actividades económicas sin poner en riesgo los puestos de trabajo. Detalló que la actividad económica que menos aumento recibió obtuvo “9.50 mensuales, y de ahí va en aumento”, y subrayó que la prioridad de la mesa tripartita fue “preservar empleos y que esta mesa sea permanente”, tal como lo establece la ley.
En su explicación, la titular de Trabajo enumeró algunos de los aumentos más sensibles para sectores vulnerables.
Destacó que la región 2 registró incrementos de hasta “15 dólares” como parte del compromiso de equiparar ambas zonas, mientras que los recolectores y el área de pesca industrial obtuvieron alzas de “10” y “16 dólares”, respectivamente, y el transporte, de “12.50 dólares”.
A pesar de las tensiones que marcaron las negociaciones, aseguró sentirse “muy orgullosa del sector trabajador” por su postura enfocada en la preservación del empleo, especialmente en un contexto donde “el desempleo aumentó” por factores como el cierre de la mina y la crisis en Bocas del Toro.
