Varios diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá, entre ellos el perredista Raúl Pineda, se abstuvieron de votar en primer debate a favor del proyecto de ley 479, una iniciativa que buscaba hacer de acceso público la lista de personas y empresas que contratan con el Estado y modificar la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.
La propuesta, presentada por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, apuntaba a reforzar los mecanismos de transparencia en los procesos de compras gubernamentales, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.
La votación, sin embargo, abre interrogantes sobre un posible conflicto de interés, ya que empresas vinculadas al entorno familiar y político del diputado han obtenido contratos con diversas entidades estatales en los últimos años.
Hoy, en la Comisión de Economía, se rechazó el proyecto que hacía públicos los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.
— Janine Prado (@janineprado06) February 11, 2026
Se decidió proteger el anonimato, no la transparencia.
El que contrata con el Estado debe dar la cara. El dinero público no puede…
Esa coincidencia coloca bajo escrutinio su participación en el rechazo de una iniciativa que precisamente buscaba transparentar la identidad de quienes contratan con el Estado y ampliar el acceso público a esa información.
Los contratos
De hecho, reportes de La Prensa detallan que varias sociedades relacionadas con familiares y allegados a Pineda obtuvieron contratos con distintas entidades públicas, particularmente entre 2019 y 2024.
Entre las compañías mencionadas figura Servicios Múltiples Rama, S.A., señalada por mantener vínculos con personas cercanas al diputado. De acuerdo con datos públicos, esta empresa suscribió contratos con instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Asamblea Nacional de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y el Municipio de San Miguelito, en servicios que incluyeron el suministro de insumos, limpieza y mantenimiento.
Otra sociedad mencionada en los reportes es Mared, S.A., donde también figuran personas del entorno familiar del diputado. Las investigaciones periodísticas de este medio han destacado la coincidencia entre la participación de allegados en juntas directivas y la adjudicación de contratos estatales, lo que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés.
Estas conexiones empresariales salieron también a la luz en el contexto de la llamada Operación Jericó, una investigación judicial relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico que involucró a personas cercanas al diputado, como su hijo, Abraham Rico Pineda.
Aunque las pesquisas se centraron en hechos específicos y no constituyen, por sí mismas, una condena, el caso colocó bajo escrutinio el entramado empresarial vinculado al entorno político y familiar del diputado.
Centro regional universitario
También sociedades vinculadas al diputado y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido a su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones.
Las transferencias de dinero habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha.
Al frente del proyecto está el Consorcio HCG, que dirigen el costarricense Juan José Zonta y su socio Luis Alberto Gaitán Mendoza. Desde 2020, Zonta es accionista y presidente del Sporting San Miguelito, un equipo de fútbol que hasta entonces estuvo bajo la presidencia del diputado Pineda, quien milita en el PRD.
La crítica
Tras el rechazo del proyecto en la Comisión de Economía, la diputada y proponente, Janine Prado, cuestionó con firmeza la decisión y defendió la necesidad de transparentar las contrataciones públicas.
“Hoy, en la Comisión de Economía, se rechazó el proyecto que hacía públicos los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. Se decidió proteger el anonimato, no la transparencia”, expresó.
La diputada sostuvo que quienes reciben fondos estatales deben identificarse plenamente: “Quien contrata con el Estado debe dar la cara. El dinero público no puede tener dueños ocultos”, subrayó, al insistir en que la iniciativa buscaba fortalecer la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información.
Los partidos representados en la @asambleapa deciden una y otra vez darle la espalda a la transparencia. Los ejemplos son tristes y alarmantes: 1. Impiden que sepamos quiénes son los verdaderos dueños de las empresa que contratan con el Estado 1/2
— Lina (@LinaVegaAbad) February 12, 2026
En esa misma línea se manifestó la presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega, al plantear lo siguiente: “Los partidos representados en la Asamblea deciden una y otra vez darle la espalda a la transparencia. Los ejemplos son tristes y alarmantes: impiden que sepamos quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan con el Estado”, manifestó, al advertir que la negativa a revelar a los beneficiarios finales debilita los controles ciudadanos sobre el uso de los fondos públicos.
Durante el debate del proyecto de ley 479, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, presentó una serie de aportes orientados a reforzar el marco de transparencia en las contrataciones públicas.
Entre sus planteamientos destacó la necesidad de que la iniciativa fuera coherente con la legislación nacional sobre el uso de fondos públicos, se alineara con estándares internacionales y contribuyera a mejorar el clima de inversión y la competencia leal, además de precisar el rol del legislador frente al criterio judicial sobre la información de carácter comercial.
Durante la sustentación de su voto, el diputado argumentó que los propios miembros de la Asamblea ya están obligados a sustentar sus ingresos y señaló que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la divulgación de los beneficiarios finales de los contratos con el Estado.
A su juicio, se trata de un asunto que requiere mayor análisis y tiempo de discusión. “Este es un tema que hay que analizarlo con más tiempo”, afirmó. Añadió que, si realmente se busca transparencia, la información debería solicitarse a los bancos y no centrarse exclusivamente en las empresas que contratan con el Estado.
Desde hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no está obligada a informar quiénes son los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas, consorcios o asociaciones accidentales que participen en licitaciones cuya cuantía supere el medio millón de dólares.
