El presupuesto de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) aumentaría en 2027. Según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad, que administra recursos destinados a municipios y juntas comunales, tendría $296.4 millones, frente a los $197.4 millones asignados para 2026.
Esto representa un aumento de $98.9 millones, equivalente al 50.1%.
El incremento se refleja tanto en los gastos de funcionamiento como en los recursos destinados a inversión. El presupuesto de funcionamiento pasaría de $48.8 millones en 2026 a $73.5 millones en 2027, un aumento de $24.7 millones. Dentro de este grupo, la partida de Administración Descentralizada subiría de $40.8 millones a $65.3 millones.
Sin embargo, el mayor aumento se registra en el presupuesto de inversión, que crecería de $148.6 millones a $222.8 millones. Esto significa que la AND tendría $74.2 millones adicionales para este rubro en 2027.
Transferencias
La principal diferencia se encuentra en las transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para inversión. Esta partida pasaría de $62.3 millones en 2026 a $136.5 millones en 2027. Es decir, tendría un aumento de $74.1 millones y más que duplicaría los recursos previstos para este concepto.
En cambio, los fondos destinados directamente a obras públicas y servicios municipales prácticamente no variarían. Pasarían de $86.1 millones a $86.2 millones, un aumento de apenas $110,000. La partida de suministro y equipamiento también se mantendría en $100,500.
El aumento del presupuesto de la AND es relevante porque estos recursos están vinculados al financiamiento de los gobiernos locales.
Las polémicas
En los últimos años, la realidad de los gobiernos locales ha estado marcada por dos situaciones que avanzan en paralelo. Por un lado, alcaldes y representantes de corregimiento han reclamado al Gobierno central el pago de más de $500 millones en transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que, según sostienen, les corresponden por ley.
Estos recursos constituyen una de las principales fuentes de financiamiento para que municipios y juntas comunales puedan desarrollar obras y atender las necesidades de sus comunidades.
Por otro lado, el manejo de los fondos destinados a la descentralización también ha quedado bajo el escrutinio de las autoridades. La Fiscalía Anticorrupción analiza 72 informes de auditoría relacionados con posibles irregularidades en el uso de recursos de la denominada descentralización paralela y ha encontrado inconsistencias en 50 de ellos. Estas investigaciones han llevado hasta ahora a la imputación de cargos a 99 personas. Así, mientras los gobiernos locales reclaman mayores recursos para atender las necesidades de sus comunidades, también aumenta el escrutinio sobre la forma en que son utilizados los fondos públicos que reciben.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes (Conare), Celestino Vargas, ha planteado que las juntas comunales constituyen el primer contacto de la población con las autoridades y que, ante las necesidades de las comunidades, en muchas ocasiones deben destinar recursos para atender obras y brindar ayuda social.
Entre las labores que realizan las juntas comunales se encuentran el mantenimiento y recuperación de parques, aceras y áreas públicas; la reparación de calles y caminos; mejoras en canchas deportivas, instalaciones comunitarias y espacios recreativos; trabajos de limpieza, pintura e iluminación, así como apoyo a actividades sociales y comunitarias.
Estas acciones, según Vargas, forman parte de las respuestas que las autoridades locales deben brindar a los residentes ante las necesidades que surgen en los corregimientos.
En el país hay unos 80municipios y 700 juntas comunales.
