El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) aprovechó el rastro de humo y las cenizas de las protestas en Bocas del Toro para renovar su flota vehicular. Bajo el amparo de la Resolución de Gabinete No. 48 de mayo de 2025, que declaró el Estado de Emergencia en esa provincia tras los cierres de vías organizados por grupos sindicales contra la Ley 462, la institución esquivó los procesos de licitación y concretó compras directas por $4,695,929.62.
La justificación oficial descansa sobre el “desgaste evidente y significativo” de los vehículos oficiales durante la denominada Operación Omega. Dicho despliegue buscaba restablecer el orden público en medio de las protestas contra la norma que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social.
El Minseg, a cargo del ministro Frank Ábrego, citó informes de la Policía Nacional donde destaca que el 70% de sus vehículos operativos superan los cinco años de antigüedad. Esta realidad chocó de frente con los 100 días de patrullaje ininterrumpido y disturbios en el occidente del país.
Qué se compró y a quién
La compra no se limitó a patrullas convencionales. Los expedientes detallan una flota diversa, diseñada para el control de disturbios, transporte masivo de personal y logística operativa.
La institución otorgó los contratos a tres grandes proveedores que presentaron sus ofertas en noviembre de 2025, aunque el ministerio tramitó las órdenes de compra a finales de diciembre pasado.
Panameña de Motores, S.A.: Recibió un contrato por $2,473,277.17. La empresa suministró 67 camionetas Nissan Frontier 4x4 (Modelo D23 DC S AT), año 2026, equipadas con sistemas de control dinámico y refuerzos para la labor policial.
Esta sociedad tiene como presidente a Ricardo Poma Kriete.
Hyundai Truck and Bus Panama, S.A.: Facturó $1,115,418.59 por una variedad de equipos pesados. El pedido incluyó un bus de lujo Universe Luxury de 50 pasajeros (valorado en $194,450), cuatro buses County de 29 puestos, cuatro camiones de carga seca EX8 de 18 pies, un camión refrigerado EX8 y cuatro vehículos especiales de transporte HD260 con capacidad para 32 miembros de la policía.
El presidente de esta empresa es Alejandro Galindo.
Ford Auto Panama, S.A.: La transacción con esta empresa ascendió a $1,107,233.86. El lote consistió en 10 pick-ups Ford F-350 4x4 de doble rueda trasera y 2 camionetas Ford F-150 4x4, todas del año 2026 y dotadas de casetas policiales, luces americanas y mantenimiento preventivo.
Alejandro Galindo también figura como presidente de esta compañía.
La presentación oficial
El pasado jueves, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, junto al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, presentaron la flota vehicular en un acto frente a la sede del Minseg.
En ese momento, Ábrego afirmó que el nuevo parque vehicular busca fortalecer el patrullaje y mejorar los tiempos de respuesta en diversas provincias.
Sin embargo, el ministro no precisó si la compra había sido directa o a través de licitación pública. También se quedó corto al informar sobre el valor de los vehículos: declaró que el monto ascendía a $3.1 millones, una cifra $1.5 millones por debajo del total que revelan los contratos firmados.
El ministerio destinará los nuevos vehículos a áreas críticas como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, San Miguelito y el área este de la capital.
Estos carros servirán a la Policía Nacional, al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Ábrego añadió que adquirirán 70 unidades adicionales a finales de febrero.
La emergencia en Bocas de 2025
El Estado de Emergencia en la provincia de Bocas del Toro se oficializó mediante la Resolución de Gabinete No. 48 de mayo de 2025, como respuesta directa a la parálisis social y económica provocada por el rechazo a la Ley 462.
Las protestas, lideradas por gremios sindicales y bananeros como Sitraibana, derivaron en bloqueos totales de vías que, según el Ejecutivo, vulneraron derechos fundamentales como la libre circulación y el acceso a la salud. No obstante, grupos protestantes se quejaron de abuso policial.
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Bajo este marco legal de urgencia, las autoridades quedaron facultadas para realizar contrataciones directas y movimientos presupuestarios excepcionales con el fin de mitigar los efectos de la crisis en la frontera con Costa Rica.
En este contexto, la Policía Nacional, junto a otros organismos de la fuerza pública, ejecutó la denominada Operación Omega, un despliegue táctico diseñado para restablecer el orden público y levantar los cercos en puntos estratégicos.
Los bloqueos de vías sumieron a la provincia en una profunda parálisis económica. En paralelo, las autoridades judicializaron a decenas de manifestantes, incluyendo a los cabecillas de las movilizaciones, quienes aún enfrentan medidas cautelares mientras avanzan los procesos en su contra.
