Jamis Acosta, el diputado que presentó el anteproyecto de ley para duplicar las penas de prisión para quienes cometan el delito de calumnia e injuria, no actuó solo. Un grupo de diputados principales y suplentes de distintas bancadas legislativas le dieron su espaldarazo al momento de presentar la iniciativa.
¿Quiénes son? De acuerdo con la información disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional, los siguientes diputados figuran como coproponentes:
Francisco Brea, del Partido Panameñista
Ariel Vallarino, de Realizando Metas
Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático
Rogelio Revello, de Realizando Metas
Shirley Castañeda, de Realizando Metas
Nicolás Adames Arias, suplente de Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático
Marcos Castillero, del Partido Revolucionario Democrático
Medín Jiménez, del Partido Panameñista
Higinio González, suplente de Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático
Juan Domingo Díaz, suplente de Omar Ortega, de RM.
Sin embargo, los diputados Francisco Brea y Medín Jiménez, del Partido Panameñista, aseguraron a este medio que se retiraron. Es decir, que ya no apoyan la iniciativa.
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Acosta, miembro del partido oficialista Realizando Metas, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y abogado del expresidente Ricardo Martinelli, en su propuesta plantea modificar tres artículos del Código Penal y uno del Código Procesal Penal.
Por ejemplo, Acosta pretende que el artículo 195 del Código Penal quede de la siguiente manera: “Cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito, o utilizando un sistema informático, será sancionado, en caso de injuria, con prisión de 12 a 24 meses o su equivalente en días multa, y tratándose de calumnia, con prisión de 24 a 48 meses o su equivalente en días multa.”
Consultados sobre el tema advierten que de aprobarse esta iniciativa legislativa, los medios de comunicación, especialmente aquellos que investigan corrupción o denuncian abusos de poder, podrían verse intimidados por el riesgo de enfrentar largas penas de cárcel o multas elevadas, reduciendo la posibilidad de escrutinio público sobre figuras en cargos de alta jeraquía.
El tema no queda allí. A raíz que la propuesta también abarca medios digitales, usuarios de redes sociales y plataformas de opinión podrían ser objeto de penalizaciones más severas, reduciendo su participación en discusiones públicas y generando un clima de temor en el espacio digital.
