Combustible, consumidores, ambiente, debate, política, empleo, conflicto de interés, caña de azúcar. Son algunas de las palabras que resuenan con fuerza cuando se habla del proyecto de ley 443 que establece el uso obligatorio del etanol en Panamá.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino, se discute en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, organismo legislativo que preside el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca).
¿A quién impacta?
Más allá de los intereses políticos que orbitan alrededor de la propuesta, el impacto más visible recae sobre el parque automotor. La propuesta establece que el bioetanol anhidro se utilice como aditivo oxigenante obligatorio en un 10% para todas las mezclas con gasolina.
Esto incluye a automóviles particulares: sedanes, SUV y camionetas que consuman gasolina de 91 o 95 octanos, al igual que motocicletas del sector de mensajería y delivery.
Se estima que el parque vehicular de Panamá está compuesto por 1.7 millones de carros, de los que 1.2 millones ruedan en la capital. En 2025, por ejemplo, en el país se vendieron más de 60 mil unidades.
El etanol obligatorio también impactaría a embarcaciones menores como pangas, botes de pesca artesanal y lanchas turísticas que operan con motores fuera de borda en las costas y archipiélagos del país.
Más allá del asfalto: herramientas y equipos de trabajo
Pero el proyecto no se detiene en las calles del país. Como la propuesta de ley modificaría la gasolina que se vende en cualquier estación del país, el etanol llegaría también a todas las herramientas de combustión interna que dependen de ese combustible, y ahí el impacto toca a trabajadores y microempresarios que pocas veces aparecen en este debate.
En el sector de mantenimiento y jardinería, los operarios de cortagramas, güiras y sopladoras trabajarían con la nueva mezcla desde el primer día. En el agro, motosierras para despeje de tierras y fumigadoras motorizadas para control de plagas verían alterado el combustible con el que operan hoy.
Y en construcción, las plantas eléctricas portátiles, motobombas de agua y mezcladoras de cemento pequeñas, equipos que sostienen obras en zonas sin conexión eléctrica, quedarían igual de impactadas.
Hasta el momento, ninguno de los que ha sustentado a favor de la propuesta ha respondido con claridad si esos equipos están diseñados para tolerar una mezcla con 10% de etanol sin afectar su rendimiento, vida útil o garantía.
La diputada Alexandra Brenes, miembro de la comisión que debate la propuesta, lo dijo sin rodeos: “No solamente los autos, también las güiras, que para algunos es su herramienta de trabajo, los motores fuera de borda. Entonces es importante tener la información sobre si estas herramientas aguantan ese 10% de bioetanol”.
Los cuidados que exige el etanol en climas tropical
Una publicación de Octanos, revista especializada en el sector automotriz, destaca que aunque el etanol ofrece beneficios, su uso también exige ciertos cuidados, sobre todo en climas como el de Panamá. Este componente absorbe humedad del ambiente, lo que puede provocar acumulación de agua en el tanque si el vehículo permanece sin uso por más de tres meses, con riesgo de afectar el funcionamiento del motor.
También se destaca que el etanol tiene un menor poder energético que la gasolina. En mezclas del 10%, esto se traduce en una leve reducción, alrededor del 2%, en la autonomía del vehículo.
Además, dice el medio especializado, conviene prestar atención a los autos más antiguos. En modelos anteriores a 2001, el etanol puede deteriorar con mayor rapidez sellos de caucho y mangueras plásticas, ya que estos materiales no se diseñaron para resistir alcoholes. Por ello, añade la publicación, se recomienda revisar periódicamente el sistema de combustible para evitar fugas.
Los intereses y las inversiones
El proyecto también tiene una carga política que varios diputados ya han puesto sobre la mesa: Panamá no produce etanol. El único camino viable es importarlo o comprárselo a los ingenios azucareros nacionales, una industria con vínculos históricos con sectores del poder político.
En una de las discusiones del proyecto, la representante de la Secretaría Nacional de Energía, Paula Mesé, afirmó que cuatro empresas están interesadas en la producción del etanol: Central Azucarera La Estrella, S.A.; Azucarera Nacional, S.A.; Central Azucarero La Victoria y Central Azucarero Alanje.
La Central Azucarero Alanje es de la familia del contralor Anel Flores.
Además de los 250 millones de dólares que se necesitarían para adquirir tierras adicionales, estas empresas también requerirán más de 120 millones de dólares para la instalación de fábricas o destilerías que actualmente no existen, para transformar la materia prima en etanol, junto con el capital para adquirir maquinaria y contratar personal.
El gobierno sostiene que el etanol reduce emisiones, dinamiza la economía rural y disminuye la dependencia de combustibles fósiles. Los críticos argumentan que el beneficio ambiental real de una mezcla E10 es marginal, que el precio al consumidor podría subir y que la infraestructura logística del país no está lista para garantizar un suministro estable.
Sin consenso
Otro aspecto que no tiene consenso en la comisión es el carácter obligatorio del proyecto. Ernesto Cedeño, presidente de la comisión, explicó a La Prensa que existen dos posturas claras: quienes consideran que no debe imponerse su uso de manera obligatoria, y la postura del Ejecutivo, que plantea precisamente lo contrario.
El diputado dijo que el proyecto estuvo cerca de pasar a votación la semana pasada, pero la falta de quórum forzó la suspensión del debate y su reprogramación para este martes.
La discusión se retomará en el quinto punto del orden del día, con la expectativa de que para entonces se logre algún tipo de acuerdo que permita avanzar.
Si se aprueba en primer debate, lo siguiente sería la discusión en segundo debate en el pleno legislativo, donde intervienen los 71 diputados.
