La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) lanzó una licitación para contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para directores, dignatarios y gerentes por un monto de 72,655 dólares.
Este seguro tiene como objetivo proteger a los altos cargos de la empresa frente a reclamos legales derivados de actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, evitando que su patrimonio personal se vea afectado por demandas o indemnizaciones.
Según la información disponible en el portal Panamá Compra, la póliza debe proteger el patrimonio personal de los funcionarios y, en muchos casos, también el de la empresa, cubriendo los gastos legales y las indemnizaciones que deban pagar si se les responsabiliza por daños a terceros como consecuencia de sus decisiones u omisiones.
Para el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, cualquier ciudadano consciente estaría en contra de este privilegio, que se ubica por encima de todas las entidades estatales. “Ni siquiera el presidente, los ministros o diputados tenemos ese tipo de seguros”, apuntó.
El blindaje
En palabras del diputado, ya había cuestionamientos por los seguros de salud y vida en más de 40 entidades del Estado, y ahora resulta que este grupo de funcionarios quiere ir más allá. “Se están blindando en caso de que ocurra algo durante el ejercicio de sus funciones, lo cual se pagaría con fondos públicos”, puntualizó.
Cedeño es uno de los diputados que presentó una propuesta de ley para eliminar el pago de seguros privados de salud a funcionarios con fondos públicos. También lo hizo el diputado de Vamos, Luis Duke, quien presentó una iniciativa de ley con el mismo objetivo.
El anteproyecto de ley de Cedeño prohíbe la inclusión de partidas para seguros de salud, vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas en las que el Estado tenga participación.
Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.
Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre el hecho de que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio, quien depende de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa).
