Con los escándalos de la descentralización paralela como telón de fondo, la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, un proyecto que redefine la entrega del poder en los gobiernos locales al imponer una transición obligatoria entre autoridades.
El núcleo de la propuesta es la creación del llamado “deber de transición ordenada”, una figura legal que obliga tanto a representantes de corregimiento como a alcaldes a dejar documentada su gestión antes de abandonar el cargo. La medida busca evitar vacíos administrativos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La aprobación de esta norma ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión de fondos públicos en los gobiernos locales. Tras la implementación de la denominada descentralización paralela, municipios y juntas comunales manejaron más de 214.5 millones de dólares sin controles efectivos, lo que derivó en investigaciones y en el arresto de representantes y alcaldes por presuntas irregularidades.
El contenido
Según el texto aprobado, las autoridades salientes deberán compilar y entregar una amplia gama de documentos oficiales. Entre ellos figuran presupuestos vigentes, estados financieros, cuentas bancarias, inventarios de bienes, registros de personal y reportes detallados sobre proyectos en ejecución y finalizados.
La norma también exige la entrega de información sobre procesos legales en curso, así como certificaciones de paz y salvo con entidades como la Caja de Seguro Social y proveedores de servicios básicos. Se trata de un intento por transparentar la situación real de cada administración al momento del relevo.
En medio del debate, el diputado de Vamos, Neftalí Zamora, proponente del proyecto, defendió el alcance de la iniciativa como una respuesta a la demanda ciudadana. “Me siento muy optimista de que la Asamblea Nacional puede aprobar leyes en beneficio del país, que atiendan la demanda ciudadana de transparencia y nos den una mejor administración pública”, afirmó.
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en responsabilidades penales. La ley establece que entregar información incompleta, alterada o falsa podría ser considerado un delito contra la administración pública.
Además de la documentación, los funcionarios salientes deberán garantizar el acceso a instalaciones, equipos, plataformas digitales y recursos financieros. Esto incluye desde las llaves de las oficinas hasta el control administrativo de sistemas informáticos y bases de datos institucionales.
El proyecto también contempla la necesidad de que las administraciones entrantes cuenten con personal capacitado para asegurar una transición fluida. En ese sentido, se establece que las autoridades salientes deben procurar condiciones mínimas para la continuidad operativa.
El mensaje
Zamora también destacó el valor político del acuerdo alcanzado en el pleno. “Creo que esta es una oportunidad y un mensaje para todos los diputados: podemos construir puentes y lograr acuerdos, deponiendo intereses personales o partidistas para lograr mejores leyes”, sostuvo, al subrayar la importancia del consenso legislativo.
En paralelo, la reforma introduce restricciones en el manejo de fondos públicos durante los últimos meses de gestión. En particular, se prohíbe a los gobiernos locales comprometer más del 50 % de sus recursos en los seis meses finales de mandato, salvo en casos de proyectos con cronogramas previamente definidos.
Esta disposición busca evitar prácticas que puedan comprometer financieramente a la administración entrante, una situación que ha sido objeto de críticas en gestiones anteriores y que se agravó durante el manejo discrecional de fondos en la descentralización paralela. La medida también refuerza el rol de entidades como la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas en la supervisión del gasto.
El proyecto incorpora, además, la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Descentralización emita evaluaciones sobre el uso de los fondos asignados a las juntas comunales y municipios. Esto añade una capa adicional de control sobre la ejecución de recursos públicos.
El diputado enfatizó el impacto práctico de la norma en la gestión local: “Hoy añadimos una responsabilidad necesaria e importante para todos los alcaldes y representantes del país: dejar la casa en orden y dar continuidad a la administración pública local”, expresó.
