Un equipo de fiscales anticorrupción del Ministerio Público realiza una inspección ocular este martes en las oficinas de la Asamblea Nacional, tras la denuncia presentada por la Contraloría General de la República por la presunta existencia de “botellas”, es decir, personas que cobran un salario pero no trabajan.
En un video divulgado por Telemetro Reporta, se observó a al menos seis personas recorriendo los pasillos del Palacio Justo Arosemena. El equipo está liderado por las fiscales Adela Cedeño y Azucena Aizpurúa.
El propósito de la diligencia es recabar evidencia, constatar documentación y realizar observaciones directas que puedan servir como prueba en el proceso penal.
“La Asamblea Nacional nos ha prestado toda la colaboración para proporcionarnos la documentación precisa (...)”, aseguró la fiscal Cedeño.
Un equipo de fiscales anticorrupción del Ministerio Público realiza una inspección ocular en las oficinas de la Asamblea Nacional, tras la denuncia presentada por la Contraloría General de la República por la presunta existencia de “botellas”.
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2025
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De acuerdo con fuentes de la Asamblea Nacional, los fiscales desarrollan diligencias en la Secretaría General, ubicada en el quinto piso del nuevo edificio parlamentario.
La Prensa llamó al secretario general Carlos Alvarado para que hablara del tema, pero no respondió.
Los funcionarios del Ministerio Público revisan documentos, inspeccionan computadoras y consultan al personal con el objetivo de verificar la posible existencia de irregularidades.
En Panamá, la figura de la inspección ocular está regulada por el Código Procesal Penal, específicamente en el Artículo 318, que forma parte del Capítulo IV: Actos de Investigación que no Requieren Autorización del Juez de Garantías.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 4, 2025
La @PGN_PANAMA a través de la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular en la @asambleapa, tras denuncia presentada por la @ContraloriaPma por la presunta comisión de un delito contra la administración pública en perjuicio del Estado. 👇 pic.twitter.com/S8YrLLZxRc
Este artículo establece que los funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección del fiscal encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean el resultado del hecho punible.
La denuncia
La Contraloría, entidad a cargo de Anel Flores, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público el pasado 21 de mayo. Esta acción legal pretende que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Asamblea Nacional, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales.
La pesquisa abarca el uso de fondos públicos destinados a sueldos y servicios especiales y apunta a “los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos de acuerdo con la diligencia de verificación de puestos, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”.
Entre las pruebas que presentó la Contraloría que, de acuerdo con la denuncia, fueron entregadas al Ministerio Público, se mencionan copias simples de pagos por ACH, controles de asistencia, cheques girados, una copia de un memorando del 15 de mayo suscrito por la jefa de Fiscalización de la Contraloría, y copias de tres resoluciones emitidas en febrero pasado, mediante las cuales la entidad ordenó las auditorías, entre otros documentos.
También entregó una lista con los nombres de 121 funcionarios a los que según la Contraloría, no habrían podido justificar el cumplimiento de funciones, y a quienes inicialmente se les retuvo el pago del salario correspondiente a la última quincena de mayo.
