La Fiscalía General de Cuentas impulsa una reforma legal que busca, entre otras cosas, darle “más dientes” al fiscal en la etapa de investigación de posibles lesiones patrimoniales contra el Estado.
Así lo reveló el fiscal general de Cuentas, Jaime Barroso, en una entrevista con La Prensa, en la que habló sobre el proyecto de ley que reforma la institución y expuso cuáles serán sus principales prioridades cuando asuma como magistrado del Tribunal Electoral (TE), en enero de 2027.
Barroso, quien permanecerá al frente de la Fiscalía hasta finales de este año, aseguró que una de sus principales gestiones ha sido promover una reforma integral a la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que regula la Fiscalía General de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Una norma que data de hace 15 años.
Según explicó, la iniciativa ya fue remitida al Órgano Ejecutivo. Es decir, se encuentra en manos del presidente José Raúl Mulino. El fiscal estima que el proyecto podría ser presentado ante la Asamblea Nacional durante el actual período de sesiones ordinarias, que concluye a finales de octubre.
“Es una ley que ya se había quedado atrás; ya venía con algunos resabios”, dijo.
Entre los cambios propuestos figura otorgar al fiscal general de Cuentas la facultad de iniciar investigaciones de oficio cuando tenga conocimiento de una posible lesión patrimonial al Estado, sin necesidad de esperar la remisión de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entidad que en la actualidad está dirigida por Anel ‘Bolo’ Flores.
Barroso aclaró que esa modificación no elimina el papel de las auditorías de la Contraloría, que seguirán siendo la principal prueba dentro de los expedientes, pero sí permitirá agilizar el inicio de las investigaciones.
“El cambio que proponemos le va a permitir al fiscal de Cuentas, una vez que tenga conocimiento por cualquier medio, ya sea un escrito, redes sociales o una denuncia, iniciar una investigación por una posible lesión patrimonial”, sostuvo.
El fiscal, que asumió el cargo en agosto de 2024, también destacó el aumento en la cantidad de informes de auditoría remitidos por la Contraloría.
Señaló que, durante la administración anterior, cuando era magistrado suplente del Tribunal de Cuentas, la institución recibió entre 30 y 40 informes en un período de cinco años, mientras que actualmente la Fiscalía recibe más de un centenar de informes al año.
“La diferencia es muy alta”, aseguró.
Añadió que los procesos que tramita la institución abarcan desde posibles lesiones patrimoniales por montos de mil o cinco mil dólares hasta casos que involucran cifras millonarias.
De acuerdo con cifras de la institución, entre 2022 y mayo de 2026 la Fiscalía General de Cuentas realizó 413 investigaciones que vincularon a 1,604 personas y abarcaron posibles afectaciones al patrimonio público por un monto estimado de 156.3 millones de dólares.
El desglose anual muestra que en 2025 se detectó el mayor monto de posible lesión patrimonial, con 69.4 millones de dólares. Le siguen 2026, con 45.2 millones de dólares (hasta mayo); 2023, con 4.4 millones; 2022, con 2 millones; y 2024, con 654 mil dólares, año en que concluyó la administración del expresidente Laurentino Cortizo.
En cuanto a los acuerdos de pago alcanzados tras los procesos de investigación y juicio, el informe detalla que entre 2019 y mayo de 2026 se suscribieron 179 acuerdos, que permitieron recuperar 423 mil 581 dólares.
Confianza en el Tribunal Electoral
Sobre su próximo rol como magistrado del Tribunal Electoral, Barroso aseguró que uno de sus principales objetivos será fortalecer la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones.
Elegido en abril pasado por la Asamblea Nacional para integrar el pleno del TE, sostuvo que la institución tiene la responsabilidad de garantizar no solo elecciones libres y transparentes, sino también resultados creíbles para la ciudadanía.
“El Tribunal Electoral es una de las instituciones más importantes del país. En sus manos está la custodia de la democracia, garantizar unas elecciones puras, unas elecciones honestas y, sobre todo, la libertad del voto. Pero, para mí, algo sumamente importante es lograr tener resultados creíbles”.
Agregó que espera que, cuando los tres magistrados del Tribunal Electoral “nos paremos el día de las elecciones [de mayo de 2029] y digamos: ‘ganó X candidato’, la población lo crea”.
Consultado sobre el debate que se avecina en torno a las reformas al Código Electoral en la Asamblea Nacional, Barroso consideró que, entre otros temas, las candidaturas por libre postulación “llegaron para quedarse”.
“No sé si bajarán, si se estancarán o crecerán más de lo que ya han obtenido, pero llegaron para quedarse y creo que son una necesidad de la democracia. La población tiene derecho a escuchar todas las corrientes y todas las ideas políticas y escoger la que considere mejor”, agregó.
Barroso, que reemplazará en el cargo a Alfredo Juncá, fue electo magistrado del TE en el pleno legislativo con 52 votos a favor.
Su elección contó con el respaldo de las bancadas de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), el Partido Panameñista, el Partido Popular y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), además de diputados independientes, entre ellos Jorge Bloise (de Vamos), Manuel Samaniego y Neftalí Zamora.
