Tras una licitación celebrada a mediados de 2005, el Ministerio de Educación legalizó –con la aparición en Gaceta Oficial– el polémico contrato para producir y distribuir miles de guías didácticas y textos escolares de nivel básico con la editora española Santillana.
El Banco Interamericano de Desarrollo prestó al Estado 970 mil dólares para este proyecto.
Vea Conflicto por contrato de Santillana
