El intento de tipificar como delito el enriquecimiento injustificado en el sector privado no superó su primer filtro legislativo. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidió este miércoles 4 de marzo no prohijar el anteproyecto que buscaba ese objetivo, frenando así su trámite antes de que pudiera pasar a discusión formal.
La propuesta del diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, adicionaba el artículo 253-A al Código Penal, con el fin de sancionar específicamente el enriquecimiento injustificado de particulares. La iniciativa surgía como respuesta a los retos que enfrenta el país en la lucha contra delitos que afectan la administración pública y el orden económico, al extender los mecanismos de control más allá del ámbito de los servidores públicos.
Actualmente, el ordenamiento jurídico panameño presenta un vacío normativo significativo: mientras el enriquecimiento injustificado de funcionarios está tipificado penalmente, en el caso de los particulares solo existe una acción en la jurisdicción civil que no contempla penas de prisión.
La urgencia de la reforma se sustentaba en la posición de Panamá en indicadores internacionales, como el Índice Global de Estado de Derecho 2024, en el que el país ocupa el puesto 98 de 142 en el factor de ausencia de corrupción. Para revertir esa situación, el proyecto tomaba como referencia experiencias regionales de países como Colombia y Bolivia.
La iniciativa establecía penas de prisión de dos a cinco años y multas de hasta el cien por ciento del valor de los recursos para quienes no pudieran justificar el origen de sus bienes en relación con sus ingresos legítimos. La sanción sería mayor —entre cinco y diez años de cárcel— si la cuantía de lo obtenido injustificadamente superaba los 2 millones de dólares.
Entre los diputados que votaron en contra estuvieron Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas. Otros, como Luis Duke, Janine Prado y el propio Zúñiga, votaron a favor. El resultado final fue de cuatro votos a favor y tres en contra; sin embargo, la iniciativa requería cinco votos para avanzar a primer debate.
Delito político
Quien sí logró que su anteproyecto fuera prohijado fue la diputada Janine Prado, de Vamos, cuya propuesta busca definir el delito político.
La ausencia de una norma clara ha generado un vacío que, según la exposición de motivos, permite interpretaciones antojadizas y un uso potencialmente arbitrario de la ley. Para Prado, es urgente establecer límites objetivos que garanticen que figuras como el indulto y la amnistía se apliquen con rigor, evitando que el sistema sea instrumentalizado con fines de impunidad.
El eje central del anteproyecto propone que el delito político se refiera esencialmente a las infracciones contra la personalidad jurídica del Estado —como la rebelión, la sedición o el motín— y a los delitos electorales. Esta base conceptual busca proteger el orden constitucional y el funcionamiento legítimo de los organismos estatales frente a actos que atenten contra la estabilidad del régimen constituido.
Una de las innovaciones más relevantes de la propuesta es la posibilidad de considerar como políticos ciertos delitos comunes, siempre que se acredite una motivación específica. Esto ocurriría cuando el acto sea consecuencia de circunstancias sociopolíticas o tenga como propósito restaurar el sistema democrático o defender valores constitucionales, bajo un designio movido por sentimientos de patriotismo o idealismo.
No obstante, el texto establece límites claros para evitar abusos. Se excluyen expresamente de esta categoría el homicidio, el terrorismo, los delitos contra la humanidad y, de manera específica, los delitos contra la administración pública. Con ello se busca impedir que actos de corrupción o malversación de fondos públicos se presenten como reivindicaciones políticas para evadir la acción de la justicia.
Prado aseguró que el objetivo central de su propuesta es evitar interpretaciones extensivas que permitan que condenas por delitos comunes se disfracen de causas políticas. “La intención con esto es que personas condenadas por delitos comunes no puedan verse beneficiadas bajo el argumento de que su caso encaja en un delito político cuando en realidad no corresponde”, declaró.
La iniciativa también surge en el contexto de otras propuestas legislativas presentadas el año pasado, entre ellas la del diputado Jairo Salazar, que plantea decretar amnistía por delitos políticos, así como la impulsada por Luis Eduardo Camacho, orientada a modificar disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal relacionadas con amnistía, indulto y rebajas de pena.
Para la diputada de Vamos, esos debates evidenciaron la falta de una definición precisa en la legislación vigente.
