Los fuegos artificiales dejaron de ser solo un símbolo de celebración. En las manifestaciones contra la Ley 462, que reformó el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, estos artefactos se han convertido en proyectiles dirigidos.
En videos tomados durante recientes manifestaciones, particularmente en sectores de Bocas del Toro, donde el conflicto ha sido especialmente tenso tras la ejecución de la Operación Omega para despejar bloqueos, se observa cómo protestantes lanzan artefactos pirotécnicos contra las fuerzas de seguridad o incluso hacia las multitudes. Algunos los manipulan con tubos de PVC para proyectarlos con mayor precisión. Otros los lanzan a mano, como si se tratara de explosivos improvisados.
En una de esas grabaciones, se escucha a los manifestantes gritar: “¡Fuegos artificiales, fuegos artificiales!”, justo antes de que los proyectiles estallen. La escena, captada con poca luz y a ras del suelo, refleja la tensión entre las dos partes.
“Eso es atentar contra la integridad física de cualquier persona”, afirma el exministro de Seguridad Pública Juan Pino, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024. “Un fuego artificial directo puede matar. No es nuevo. En las manifestaciones de 2022 y 2023 ya se usaban. Adoptaron esa práctica de manifestantes en Perú y Colombia”, añade.
España y Chile son algunos de los países donde esta técnica también ha sido utilizada durante manifestaciones. En el caso de Chile, incluso se aprobó una ley que tipifica como delito el uso de estos artefactos en protestas u otras actividades similares.
Matasuegras contra periodistas
Los llamados matasuegras, que alguna vez fueron parte del folclore festivo, hoy son parte del arsenal callejero. Un periodista que el pasado sábado cubría la operación Omega, desplegada por las autoridades para despejar los cierres de calle en Changuinola, relata que a él y sus colegas les lanzaron fuegos artificiales.
“Nos los tiraron directo. No fue una coincidencia. Fue para sacarnos del área”, dijo bajo condición de anonimato.
En Colombia, durante el paro nacional de 2021, jóvenes manifestantes los adaptaron como cohetes contra el ESMAD (escuadrón antidisturbios). En Perú, fueron empleados durante las protestas de 2022–2023, en medio de enfrentamientos con saldos trágicos. En ambos países, las autoridades y varios organismos advirtieron del potencial letal de estas acciones.
¿Delito?
En Panamá, la utilización de artefactos explosivos con el fin de causar daño puede tipificarse como delito contra la integridad personal, según asegura el exministro Pino. Para el exfuncionario la línea es clara: “Cualquier equipo que se utilice en contra de una persona puede ser considerado un arma improvisada”.
En su criterio, la Policía Nacional debe actuar mediante la identificación del agresor en flagrancia, utilizando drones, cámaras y videovigilancia. “Y judicializarlo. Se pueden poner denuncias, eso está en la ley”, añade.
Sin embargo, el exministro también recalca que la mayoría de los manifestantes se comportan de manera pacífica y que este tipo de actos no los representa. “La protesta hay que hacerla en forma pacífica, no tratando de dañar la integridad de un policía panameño”.
Una multa en 2019
En 2019, durante las protestas contra las reformas constitucionales, un juez de paz impuso una multa de $1,000 a una persona por lanzar fuegos artificiales.
La aprehensión se dio la misma noche de la manifestación, en la plaza 5 de Mayo, cerca de la Asamblea Nacional. Inicialmente, la Policía presentó el caso ante el Ministerio Público, pero este lo rechazó y lo remitió a la jurisdicción de justicia comunitaria.
