La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional lamentó la reciente decisión anunciada por el contralor general de la República, Gerardo Solís, de refrendar el contrato del hospital modular de Albrook.
“El impacto en la confianza ciudadana ha sido inmediato: descrédito ante la capacidad del Ejecutivo de guiarse por principios éticos de administración pública que eviten los conflictos de interés y el tráfico de influencias; y dudas ante el rol de control, fiscalización y contrapeso de la propia Contraloría”, planteó la fundación, que había recomendado precisamente al contralor Solís “no refrendar” el contrato del citado hospital. También le habían recomendado enviar una nota al Ministerio Público para que iniciara las investigaciones pertinentes y los responsables enfrenten sus responsabilidades.
Lea aquí el comunicado: REFRENDO DEL HOSPITAL MODULAR: COSTUMBRE CONTRA LEY.
Entre los argumentos que adujo Solís en una carta enviada a la fundación estuvo que “existen innumerables precedentes” de contralores anteriores sobre “refrendos posteriores a la adquisición del objeto contractual”.
“Que se haya hecho antes no legitima que se vuelva a hacer. Este tipo de costumbre, también denominada derogatoria, no es aceptada en nuestro ordenamiento por ir contra lo dispuesto en las leyes”, afirmó la fundación.
De igual forma, recordaron que el artículo 100 de la ley de contrataciones públicas vigente al momento del acto prohíbe el inicio de la construcción de cualquier tipo de infraestructura sin el refrendo respectivo.
Con este refrendo, el contralor Solís incumple la ley y permite que otros no la cumplan, aseveraron.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana reiteró también que el procurador general de la Administración, Rigoberto González, remitió una nota a Solís en la que le indicó que, al analizar la documentación entregada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), detectó “posibles inconsistencias en el procedimiento especial” de emergencia para contratar a SmartBrix Centroamérica, por $6.9 millones.
La Procuraduría de la Administración cuestionó que el 19 de marzo de 2020, la empresa inició los trabajos, pero el Consejo de Gabinete autorizó al titular del MOP, Rafael Sabonge, a contratar la ejecución de la obra después, mediante resolución del 31 de marzo pasado.
Lea aquí: Refrendo de la Contraloría desechó alerta sobre irregularidades
“Teniendo amplios argumentos en esta contratación directa que no promovió la libre competencia y posibles conflictos de intereses, el Contralor ha podido negar el refrendar”, remarcó la fundación, en un comunicado.
