Por segunda vez en siete semanas, el Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino echó mano de una de las herramientas que más margen le concede al Ejecutivo sobre el gasto público: la declaratoria de estado de emergencia.
La Resolución de Gabinete 108, publicada el sábado en la Gaceta Oficial 30631, se emitió un día después del terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en Tonosí, en la provincia de Los Santos.
El documento declara la emergencia en todo el territorio nacional y autoriza hasta $100 millones para que ministerios y entidades contraten obras, bienes y servicios sin licitación pública. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre para comprometer esos recursos.
No es la única medida de este tipo en los últimos meses. Desde el 25 de agosto pasado rige la Resolución 80, que declaró la emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño y habilitó otros $80 millones en contrataciones especiales, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
En consecuencia, esta administración tiene dos resoluciones de emergencias nacionales activas o vigentes, por lo que tiene a su disposición $180 millones para adjudicar por la vía excepcional, al margen de los plazos y la competencia que exige la ley de contratación pública.
Rapidez a cambio de controles
El procedimiento de emergencia existe para que el Estado no espere meses mientras se cumplen los procesos de las licitaciones y todo lo que implica: pliegos, reclamos e impugnaciones mientras las comunidades afectadas por alguna emergencia esperan respuestas de las autoridades.
Las resoluciones emitidas por el actual gobierno intentan cubrir ese aspecto con una misma fórmula. Los documentos repiten casi palabra los mismos términos, por ejemplo, que las compras deben hacerse a “precios de mercado debidamente justificados”.
La del terremoto agrega dos novedades. Los fondos se administrarán a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, bajo control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y cada pago requerirá refrendo previo de la Contraloría General de la República.
Cualquier saldo sin usar al cierre del período deberá volver al Tesoro Nacional.
La de El Niño, en cambio, establece que una comisión interinstitucional de alto nivel, creada en mayo, debe aprobar cada solicitud y definir el monto de cada contratación.
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Al concluir la emergencia, cada entidad deberá entregar al Gabinete un informe escrito con el nombre del contratista, el objeto del gasto y la cifra pagada, y publicarlo en PanamáCompra junto con el acta de la sesión en la que se presentó.
Esa obligación de rendir cuentas se daría al final. Por lo tanto, mientras la emergencia está abierta, la ciudadanía sabe cuánto se autorizó, pero no cuánto se gastó ni a quién se asignaron los contratos.
Cinco resoluciones, $360 millones
Mulino asumió la Presidencia de la Republica el 1 de julio de 2024. Desde entonces, su gabinete ha emitido cinco declaratorias de emergencia con partidas para compras especiales por hasta $360 millones.
El 14 de noviembre de 2024, apenas cuatro meses y medio después de la toma de posesión, un Consejo de Gabinete extraordinario aprobó la Resolución 107 por las lluvias que duplicaron la precipitación habitual del mes en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. En esa época murieron 11 personas y más de mil familias resultaron afectadas.
La resolución fijó un tope de $100 millones y un plazo hasta el 15 de enero de 2025.
Ese plazo no se cumplió. El 14 de enero, un día antes del vencimiento, el Gabinete elevó el fondo a $160 millones y extendió las contrataciones hasta el 15 de febrero.
Al menos $120 millones quedaron en manos del Ministerio de Obras Públicas para reparar carreteras y calles; el Idaan recibió $23.7 millones; el Ministerio de Gobierno, $3.6 millones, y el de Vivienda, $2.5 millones.
2025: dos declaratorias, $20 millones
En 2025 se emitieron dos. Ambas fueron provinciales y de menor escala. La primera, la Resolución 48 del 27 de mayo, cubrió la provincia de Bocas del Toro durante la huelga del sindicato bananero Sitraibana contra la Ley 462, que reformó la ley jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social.
El conflicto ocasionó que la empresa Chiquita Panamá despidiera a más de 5,000 trabajadores y la suspensión temporal de sus operaciones. El Gobierno habilitó hasta $10 millones en compras directas, con plazo al 31 de diciembre.
La segunda, la Resolución 69-25 del 11 de junio, respondió a la crisis hídrica en Herrera y Los Santos, cuando la contaminación del río La Villa y sus afluentes obligó a apagar las plantas potabilizadoras de la región. El tope fue otra vez de $10 millones.
Las dos de 2026
Como se explicó en los párrafos de arriba, este año se han emitido dos resoluciones que suman $180 millones. La primera por el fenómeno de El Niño en agosto pasadoy la segunda por el terremoto del viernes 9 de octubre.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, dijo el pasado sábado en una conferencia de prensa que “la economía panameña no se va a detener”, y aseguró que el país tiene los recursos para atender los daños más urgentes.
Si hiciera falta financiamiento, añadió, se trataría de préstamos blandos, con tasas bajas, plazos largos y periodo de gracia. Chapman agradeció además los recursos no reembolsables que ofrecieron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Estados Unidos.
El presidente Mulino, por su parte, ha recorrido las zonas afectadas y descartó que el país vaya a paralizarse.
