El Gobierno de José Raúl Mulino puso bajo llave cuatro millonarias contrataciones en materia de seguridad pública: las cámaras corporales para los policías, la modernización del Centro de Operación Nacional (CON-C5), el sistema que emitirá durante cinco años los documentos de identidad de los extranjeros y la construcción de un cuartel de la Policía Nacional en Chitré, Herrera.
Las cuatro compras fueron autorizadas por el Consejo de Gabinete con una misma condición: los pliegos de cargos serán confidenciales, de modo que ni la ciudadanía ni las empresas que no sean precalificadas podrán conocer qué se compra, con qué criterios se adjudicará ni cuánto costará. La reserva, además, impedirá conocer los criterios para elegir al ganador del contrato.
La decisión consta en las resoluciones 56, 57, 58 y 59 del 7 de julio de 2026, publicadas en la Gaceta Oficial 30566 y firmadas por Mulino y su gabinete en pleno.
Los cuatro documentos autorizan procesos de precalificación de proponentes para contrataciones distintas, pero comparten la misma cláusula de reserva, que cubre tanto los pliegos de la precalificación como los del acto público.
Las resoluciones
La Resolución 56 ampara el estudio, diseño, demolición, construcción y equipamiento del nuevo cuartel sede de la 6.ª Zona Policial de Herrera, concebido para albergar a por lo menos 350 policías.
La Resolución 57 cubre el suministro, implementación y gestión de cámaras corporales (bodycams) y evidencia digital para los estamentos de seguridad, en cumplimiento de la Ley 466 de abril de 2025, que hizo obligatorio su uso en la Policía Nacional.
La Resolución 58 corresponde al sistema con el que el Servicio Nacional de Migración imprimirá durante cinco años los carnés de residencia y permisos de trabajo para extranjeros.
La Resolución 59 corresponde a la actualización de la plataforma tecnológica del CON-C5, que incorporará analítica avanzada e inteligencia artificial para ampliar la cobertura de vigilancia en todo el país.
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Lo que el ciudadano no podrá ver
En la práctica, la reserva significa que solo las empresas que superen la precalificación y firmen un acuerdo de confidencialidad recibirán un código de acceso a los pliegos en el sistema Panamá Compra.
Para la ciudadanía, las cuatro compras serán una caja cerrada. Es decir, no se conocerán las especificaciones técnicas, las cantidades, los criterios de evaluación ni las condiciones de adjudicación.
Las resoluciones tampoco indican el precio de referencia de contratos que, por su escala, comprometerán millones de dólares del erario. Entre ellos figuran la dotación de cámaras para toda la Fuerza Pública, la renovación de la plataforma nacional de videovigilancia, la operación durante cinco años del sistema de emisión de documentos migratorios y la construcción de un nuevo cuartel policial.
Aunque los precios de referencia de las cuatro contrataciones se desconocen, el propio Consejo de Gabinete ya dio una pista de la magnitud del gasto tecnológico.
En su sesión del martes 7 de julio, mediante la Resolución 72-26, un crédito adicional de $5,873,071 para la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, destinado justamente a la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del CON-C5, la misma plataforma cuya modernización se contratará con pliegos secretos.
Las grietas del argumento oficial
El Ejecutivo se ampara en el numeral 13 del artículo 39 de la Ley 22 de 2006, reformada por la Ley 153 de 2020, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas” relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Gabinete.
Las resoluciones justifican la reserva por razones de seguridad. Divulgar las especificaciones, afirman, podría revelar las capacidades operativas de las unidades policiales; exponer la arquitectura del software de evidencia digital o del CON-C5 facilitaría ciberataques o intentos de alteración de pruebas judiciales; además, sostienen que publicar los planos y sistemas de seguridad del cuartel de Chitré podría facilitar “actividades de inteligencia criminal” o sabotaje.
Aunque la legislación permite declarar reservada información cuya divulgación pueda afectar la seguridad del Estado, la decisión también limita el acceso a datos que forman parte del escrutinio habitual de las contrataciones públicas, como el monto estimado de las compras, los criterios para elegir al ganador del contrato y los mecanismos para verificar que el Estado obtenga las mejores condiciones.
La reserva impide acceder a esos elementos durante el proceso de licitación y reduce la posibilidad de que ciudadanos, especialistas o empresas excluidas evalúen la competencia o cuestionen la decisión antes de la adjudicación. En Panamá, varios de los principales casos de corrupción han tenido su origen en contrataciones públicas cuestionadas por la falta de transparencia.
