Llegó la hora. Este sábado 15 de noviembre será instalada la Comisión Nacional de Salario Mínimo, un paso decisivo en la revisión de la escala salarial que regirá a partir de 2026.
La mesa tripartita reunirá a representantes del Gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores, llamados a sustentar sus estudios y posiciones en un contexto económico presionado por el encarecimiento de la canasta básica y la pérdida del poder adquisitivo.
Frente a este escenario, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) espera que el proceso se desarrolle con estricto apego al marco legal. Su presidenta, Giulia De Sanctis, subrayó que la revisión debe hacerse “cumpliendo con los parámetros establecidos en el Código de Trabajo”, en un contexto económico que —según afirma— exige evaluaciones técnicas y no decisiones improvisadas.
De Sanctis advirtió que, en Panamá, los ajustes al salario mínimo “históricamente han estado desvinculados del crecimiento económico y la productividad”, una separación que —afirma— ha producido efectos mixtos a lo largo de los años. Para la dirigente empresarial, esta desconexión ha limitado la efectividad de los incrementos y debe ser considerada con mayor rigor en la discusión.
La presidenta de Apede también insistió en que deben revisarse con atención “el sector agropecuario y el interior del país, pues se tiene como ciudad a centros urbanos del interior con mucho desempleo”. A su juicio, las realidades regionales y sectoriales no pueden ser ignoradas en una negociación que suele abordarse desde una óptica centralista.
También advirtió sobre los efectos laborales y fiscales de un incremento en este momento. Recordó que “un aumento puede elevar los costos laborales de las empresas, en especial de las mipymes, lo que podría provocar reducción de plazas formales o migración hacia la informalidad”. A esto se suma, dijo, el aumento del 1% en la cuota obrero-patronal que entrará en vigor el próximo año, en un país donde “el desempleo actual está ya casi en dos cifras”.
Para De Sanctis, la discusión de fondo debe ir más allá del monto del salario mínimo. Asegura que el país debería apostar por fortalecer el capital humano y elevar la productividad individual.
“Tenemos una informalidad del 50% y un 90% de pymes; esta realidad es la que hay que revisar”, afirmó, al destacar que solo con trabajadores más capacitados las empresas podrán generar mejores salarios de manera sostenible.
Los trabajadores
Por su parte, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) llega sin mayores expectativas. Su dirigente, Marco Andrade, advirtió que el ambiente no es el más favorable para los trabajadores.
“Difícil ante un gobierno que se ha declarado empresarial. Hay persecución contra los sindicatos y contra las normas laborales. No tenemos grandes esperanzas”, señaló.
Andrade sostuvo que la revisión del salario mínimo debe ir más allá del análisis tradicional, pues “la comisión hace el estudio y ve cómo anda la canasta básica, pero eso no debe ser solo alimentos”. El dirigente insistió en que el costo de vida se ha disparado más rápido que los ingresos, lo que requiere un ajuste significativo. “Aspiramos a más de un 20% y 30% de incremento, ya que hay un rezago”, expresó.
Para esta mesa, Conusi estará representada por Ariel Muñoz como principal y Alexis Pineda como suplente. Ambos, según Andrade, llevarán una postura firme frente al Gobierno y a los empresarios, con el objetivo de reivindicar lo que consideran una deuda histórica con los trabajadores del país.
Gobierno
Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ha pedido a todos los sectores “prudencia” en el debate que se avecina.
“Vamos a establecer la mesa y escuchar a los sectores, pero no se harán giras nacionales como antes. No habrá gastos excesivos”, advirtió la ministra, quien precisó que las sesiones se extenderán por seis horas diarias.
En la última negociación, realizada en 2023, la mesa del salario mínimo acordó un ajuste general que elevó el promedio nacional a $636.80 mensuales. El incremento se aplicó de forma diferenciada según el tamaño y la actividad económica de las empresas: 4.5% para las pequeñas, 6% para las grandes y 7% para las compañías del sector bananero, una de las principales fuentes de empleo en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
