Con la declaratoria de estado de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño, el Gobierno estará facultado para realizar las contrataciones “requeridas” mediante el procedimiento especial de adquisiciones, es decir, sin recurrir a una licitación pública.
Así lo establece la resolución mediante la cual se declara dicha emergencia. Sin embargo, se desconocen los montos a los que podrán acceder las entidades solicitantes.
Se consultó al Ministerio de la Presidencia, pero se informó que el documento aún se encuentra “en revisión” por el departamento de asesoría legal, para su posterior publicación.
“Es fundamental conocerla (la resolución) para saber la cantidad de plata que se destinará, a qué áreas se les brindará el apoyo y de qué forma”, comentó la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado.
En una nota de prensa de Presidencia se informó que la resolución “dispone que el Ministerio de la Presidencia coordinará con las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas las acciones necesarias para ejecutar esta autorización”.
El documento, agrega, faculta a realizar las contrataciones requeridas mediante el procedimiento especial de adquisiciones, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
De hecho, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, adelantó este miércoles que tienen previsto “prepararse” ante el fenómeno de El Niño con proyectos como la construcción de reservorios y abrevaderos, además de soluciones más “permanentes” mediante el uso de geomembranas.
Igualmente, señaló que buscarán establecer acuerdos con propietarios de fincas que dispongan de suficiente agua durante la estación seca. Además, sumarían apoyo con forraje, medicamentos y vitaminas para prevenir enfermedades que afectan al ganado durante la temporada de sequía.
La resolución aprobada por el Gabinete también autoriza al Ministerio de Gobierno —por medio del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)— a coordinar la recepción y aceptación de contribuciones de organismos humanitarios, nacionales o internacionales, que deseen aportar a la atención de las personas afectadas.
Asimismo, obliga a todos los ministerios y entidades que realicen compras directas de bienes y servicios al amparo de esta resolución de Gabinete a presentar un informe escrito ante el Consejo de Gabinete, en el que se detalle el nombre del contratista, el objeto del gasto y el monto contratado.
“Dicho informe deberá ser publicado en el sistema electrónico de contrataciones públicas PanamáCompra”, destacó Presidencia.
Para Janine Prado, es necesaria una rendición de cuentas posterior a cualquier estado de emergencia.
El año pasado, el Gobierno de José Raúl Mulino declaró estado de emergencia para la provincia de Bocas del Toro mediante la Resolución de Gabinete No. 48 de mayo de 2025, tras los cierres de vías organizados por grupos sindicales contra la Ley 462.
Bajo ese argumento, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) evitó los procesos de licitación y concretó compras directas por $4,695,929.62 para renovar su flota vehicular.
