El proyecto de ley 443, presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, propone cambios de fondo en cómo se producirán, mezclarán y se gravarán los combustibles que se venden en Panamá. La iniciativa modifica la Ley 42 de 2011, que regula los biocombustibles, e introduce ajustes al Código Fiscal.Uno de los ejes centrales del proyecto es que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante. La mezcla sería obligatoria una vez entre en vigor el Programa de Biocombustibles, cuya fecha de implementación quedará en manos de la Secretaría Nacional de Energía, según establece el propio texto legal.
Prioridad a la producción nacional
El proyecto apuesta primero por el bioetanol producido con materia prima nacional. De acuerdo con la propuesta, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos.
Solo si la producción local no logra cubrir la demanda necesaria para la mezcla obligatoria, se permitirá completar el faltante con bioetanol de procedencia extranjera.
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Nuevos permisos y control estatal
La iniciativa concentra en la Secretaría Nacional de Energía la facultad de otorgar los permisos para producir, almacenar, transportar y comercializar bioetanol. Para ello, se crean dos tipos de autorizaciones: una dirigida a las plantas productoras nacionales y otra para los usuarios que importen bioetanol cuando el mercado local resulte insuficiente.
Además, el proyecto crea una comisión de coordinación y seguimiento, integrada por representantes de cinco entidades públicas, encargada de evaluar aspectos como la disponibilidad de materia prima, los precios del bioetanol —tanto nacional como importado— y su impacto en los consumidores.
Esta comisión estará presidida por el secretario nacional de Energía y la conformarán también los ministros de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas y Ambiente.
Cambios en los impuestos a los combustibles
El proyecto también introduce modificaciones al impuesto al consumo de combustibles. La gasolina mezclada en Panamá con bioetanol, sea nacional o importado, pagará un impuesto de 60 centésimos por galón. En cambio, si el combustible llega al país ya formulado con bioetanol extranjero, el impuesto aumenta a 3.78 dólares por galón.
En el caso del diésel mezclado con biodiésel, el impuesto será de 25 centésimos por galón cuando la mezcla se realice en el país, pero subirá a 1.58 dólares por galón si el producto se importa ya formulado desde el exterior.
Estabilidad jurídica por 15 años
La propuesta incluye un régimen de estabilidad jurídica de hasta 15 años para las fórmulas de precios relacionadas con la mezcla de bioetanol en las gasolinas. El alcance exacto y el plazo específico de esa estabilidad se definirán posteriormente mediante reglamentación.
El proyecto fue presentado el pasado 21 de octubre, con autorización del Consejo de Gabinete, y se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Interrogantes
El presidente de esa comisión, el diputado Ernesto Cedeño, advirtió que el proyecto deja preguntas sin resolver, especialmente sobre su impacto directo en los consumidores. “Yo no percibo ahí en los artículos que haya un beneficio directo al consumidor”, afirmó, al señalar que el texto pone el acento en consideraciones ambientales, pero no aclara si la mezcla obligatoria se traducirá en una reducción del precio de la gasolina o en mejoras concretas para los usuarios.
En entrevista con La Prensa, Cedeño también cuestionó que el proyecto no contemple ninguna posibilidad de elección. “Como yo lo he leído, esto sería obligatorio para todas las gasolineras. No se establece la opción de que el consumidor pueda escoger”, dijo.
Por ello, explicó que la comisión convocó un foro ciudadano para el próximo 15 de enero, antes de avanzar con el trámite legislativo. “Yo no voy a meterle velocidad a este proyecto hasta que toda la comunidad esté integrada y se expliquen los beneficios o no de esta propuesta”, añadio.
¿Posible conflicto de interés?
La discusión del proyecto también ocurre en medio de cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés que involucra al contralor general de la República, Anel Flores. Recientemente el contralor admitió públicamente que es accionista de una de las cuatro principales azucareras del país, un sector que produciría la materia prima necesaria si el mercado del bioetanol se desarrolla.
No obstante, Flores negó que exista un negociado alrededor de la iniciativa y rechazó que el proyecto le genere un beneficio personal. “Aquí no hay un negociado”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Panamá no cuenta actualmente con producción de etanol ni con infraestructura instalada para ese fin.
El contralor adelantó que cualquier desarrollo del mercado requeriría nuevas inversiones y reiteró que, de avanzar la industria, la prioridad debería ser la compra de producto nacional, en línea con lo que plantea el proyecto de ley.
