Organizaciones del sector periodístico expresaron su rechazo a la propuesta legislativa que reforma el derecho a réplica, aprobado de forma unánime en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
En un pronunciamiento conjunto, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí señalaron que, tal como está planteada, la iniciativa altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.
Las organizaciones sostienen que el proyecto transforma un principio tradicional de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo coercitivo sujeto a eventuales sanciones judiciales.
La propuesta, identificada como el proyecto de Ley 391, busca reformar la Ley 22 de 2005 (que regula el derecho a réplica) y redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones cuando una persona considere que ha sido afectada por información inexacta o agraviantes.
Adjuntos
Comunicado Derecho a replica.pdfLa iniciativa, impulsada por el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, modifica el artículo 2 de la norma.
Entre los cambios propuestos figura un nuevo criterio de visibilidad para las réplicas. Mientras la legislación vigente establece que la rectificación debe contar con el mismo espacio que la información cuestionada, la reforma añade que también deberá tener la misma prominencia, lo que implicaría garantizar un nivel similar de exposición o relevancia editorial.
El proyecto también elimina una cláusula existente en la normativa actual que condiciona la extensión de la réplica a la “disponibilidad del medio”. En la versión reformada ese criterio desaparece, lo que, según los gremios, reduce el margen de decisión editorial de los medios de comunicación.
Las organizaciones periodísticas también expresaron preocupación por otras disposiciones de la propuesta, como la obligación de responder en plazos de 48 horas y la exigencia de que los medios reserven espacios para respuestas, lo que —aseguran— podría interferir con la organización interna de las redacciones.
Asimismo, cuestionaron la ampliación de responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración del contenido informativo, lo que, a su juicio, podría generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático.
Los gremios reiteraron que el derecho a réplica es una práctica habitual en el periodismo responsable y forma parte de los principios éticos de la profesión. No obstante, advirtieron que su regulación debe evitar convertirse en un mecanismo que limite la crítica o la fiscalización pública.
“Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios”, señalaron en el comunicado.
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