El anteproyecto de Ley 51 que busca modificar el Código Penal para sancionar la creación y difusión de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (IA) cuando tengan como propósito afectar la honra, la dignidad y la reputación de las personas, ha despertado las alarmas de los gremios periodísticos, ante las intenciones de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, para incluir temas relacionados con las cristicas e investigación a funcionarios públicos.
La iniciativa original fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada oficialista de Realizando Metas (RM) y expresidenta del Legislativo, Dana Castañeda, y plantea cambios en los delitos contra el honor.
Aunque el proyecto surge con el argumento de combatir prácticas como los deepfakes maliciosos y la manipulación digital, los gremios periodísticos advierten que la propuesta también incorpora modificaciones que podrían permitir sanciones penales por expresiones relacionadas con funcionarios públicos, afectando el ejercicio de la crítica y la fiscalización ciudadana.
El Consejo Nacional de Periodismo, el Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí señalaron que la reforma mezcla dos temas distintos: la regulación de contenidos falsos generados con inteligencia artificial y la responsabilidad penal por expresiones vinculadas al ejercicio del poder público.
Los gremios alertan que los cambios al artículo 196 del Código Penal podrían generar investigaciones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que cuestionen la gestión de funcionarios, además de abrir espacio a interpretaciones subjetivas y autocensura.
Señalan que los funcionarios públicos, por la naturaleza de sus funciones y los recursos que administran, están sometidos a un mayor escrutinio ciudadano.
Sin embargo, precisan los gremios periodísticos, que el derecho penal no debe emplearse para proteger a quienes ejercen el poder de la fiscalización pública.
“El texto también utiliza conceptos indeterminados como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” e “idóneo para causar daño”. Estas expresiones podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas, investigaciones arbitrarias y autocensura".
Indican que resulta especialmente preocupante que se contemplen penas de hasta siete años de prisión.
“La privación de libertad por expresiones que afectan el honor es incompatible con los principios de necesidad y proporcionalidad desarrollados por convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, argumentan los gremios en un comunicado.
De igual forma, recalcan que la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, emitida por la Sociedad Interamericana de Prensa, establece que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta contra funcionarios públicos o personas expuestas voluntariamente al escrutinio social, exigiendo que en reclamos civiles se pruebe la “real malicia”.
En tal sentido, los gremios periodísticos solicitan que la regulación de los deepfake maliciosos o una suplantación deliberada sea objeto de una discusión independiente, técnica y participativa.
“Somos conscientes que regular la inteligencia artificial es necesario, pero utilizar esa regulación para reabrir la persecución penal de la crítica a los funcionarios sería un grave retroceso democrático para Panamá”.
