Diversas organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión manifestaron su preocupación y rechazo ante la medida cautelar dictada por la Fiscalía Metropolitana contra la periodista Sabrina Bacal, que le prohíbe publicar o difundir información relacionada con Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por Estados Unidos.
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), junto a voces como la abogada Magaly Castillo y la vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rita Vásquez, advirtieron que la decisión podría sentar un precedente de censura previa y afectar el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
Bacal solicitó dejar sin efecto la “orden de protección”. El próximo viernes 6 de marzo se celebrará una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales ante un juez de garantías, para examinar si la medida cumple con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. La audiencia fue solicitada por la firma Guevara Legal Bureau, que representa a la periodista.
En un comunicado conjunto, el Fórum y el CNP advirtieron que la libertad de prensa en Panamá enfrenta hoy una amenaza inédita bajo el disfraz de una medida de protección dictada por el Ministerio Público.
La reciente resolución de la fiscalía, indicaron, no solo desvirtúa el espíritu de las leyes de protección, sino que pretende establecer un mecanismo de censura previa que la Constitución prohíbe de forma absoluta.
“Resulta alarmante que se utilicen recursos legales diseñados para proteger a víctimas vulnerables de violencia física como una herramienta de silenciamiento en conflictos derivados de publicaciones periodísticas. Al prohibir la difusión de contenidos en medios tecnológicos y electrónicos, el sistema de justicia ignora que el rigor no reside en el soporte, sino en el compromiso ético de quien firma la nota y da la cara”, señalaron las organizaciones en el comunicado.
Agregaron que la importancia del mensajero es, en democracia, una garantía de la noticia y que el ejercicio de la fiscalización ciudadana en redes sociales, respaldado por periodistas y medios de comprobada trayectoria, constituye un baluarte de transparencia.
“Esta decisión intenta trazar una frontera peligrosa: la de una justicia que se convierte en árbitro de lo que puede o no publicarse en el ecosistema digital, intentando anular la credibilidad de voces críticas”, destaca el comunicado.
Para la abogada Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la medida cautelar dictada por la fiscalía contra Bacal y otros comunicadores genera gran preocupación, porque se utilizaron leyes creadas originalmente para proteger a víctimas de delitos violentos o situaciones de agresión, como las leyes 38 de 2001 y 31 de 1998, para favorecer a personas de relevancia pública.
Indicó que esas normas no pueden emplearse como un mecanismo para restringir la actividad informativa, ya que esto se asemeja a una censura previa y choca con el derecho a la libertad de expresión y de prensa.
“Es un precedente peligroso. Los fiscales y jueces deben realizar un ejercicio de ponderación entre el derecho a la honra y la libertad de información, especialmente cuando se trata de investigaciones periodísticas de interés público. Y en este caso no solo era de interés público nacional, sino internacional”, aseguró.
Por su parte, Vásquez, vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, expresó su profunda preocupación y rechazo a la orden de protección emitida contra Bacal.
“Una decisión de esta naturaleza constituye, en la práctica, un acto de censura previa, expresamente incompatible con la Constitución panameña y contrario a los estándares interamericanos de protección de la libertad de expresión. Asimismo, resulta incongruente con los principios consagrados en las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la SIP, instrumentos que han sido formalmente suscritos por los distintos órganos del Estado panameño —incluido el Órgano Judicial— en la actual administración”, afirmó Vásquez, que fue directora de la redacción de La Prensa.
A su juicio, prohibir que un periodista informe sobre asuntos de evidente interés público no solo restringe de manera indebida el ejercicio del periodismo, sino que también vulnera directamente el derecho de la sociedad a recibir información relevante sobre hechos, actores y posibles conflictos vinculados al poder político o económico.
Vásquez recordó que, en una democracia, la prensa tiene la función esencial de investigar, informar y someter al escrutinio público a quienes ejercen poder o influencia.
“Resulta particularmente preocupante que el sistema judicial pueda ser utilizado como instrumento para limitar investigaciones periodísticas o silenciar el debate público. El uso de medidas judiciales para impedir la difusión de información de interés público constituye un precedente grave y peligroso que puede incentivar la autocensura, debilitar el periodismo investigativo y erosionar los fundamentos mismos de la democracia”, añadió.
El pasado 6 de noviembre, la fiscal adjunta de la Sección de Delitos contra la Libertad, el Honor, la Administración de Justicia y la Personalidad Interna del Estado, Isela Mela Peralta, dictó la “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano. La medida prohíbe a Bacal informar o publicar en medios tecnológicos o electrónicos sobre las actividades de ambos, lo que afecta su labor periodística.
La prohibición también fue ordenada contra Roberto Deniz, del portal de noticias Armando.info, y contra los sitios Praxis y Foco. Todos han sido querellados penalmente por Marcela Arauz, abogada de los Carretero Napolitano, quien los acusa de calumnia e injuria y reclama una indemnización de $1 millón.
En la querella se menciona una publicación del 1 de octubre de 2025 en el vlog Sabrina sin censura, titulada Carretero, bicicletas, aviones y negocios con Nicolás Maduro, en la que Bacal se refiere a los nexos de los Carretero con los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019), Laurentino Cortizo (2019-2024) y el actual presidente José Raúl Mulino.
