Las discusiones para reformar la polémica Ley 30 se estancaron ayer. Los miembros de la mesa de diálogo no lograron un acuerdo en ampliar el número de representantes de gremios y partidos políticos en ese foro.
Isabel Saint Malo, facilitadora del diálogo, tuvo que suspender la cuarta sesión tras la falta de consenso entre los empresarios y dirigentes sindicalistas.
Al inicio del encuentro Saint Malo informó que el equipo técnico de la mesa recibió solicitudes de al menos 74 organizaciones con el objetivo de que las integraran a las conversaciones.
Entre ellas figuraban el Centro de Incidencia Ambiental, el Partido Popular, el sindicato de Cable & Wireless, entre otros.
Los que estaban en la mesa quedaron asombrados por la cantidad de gremios que pedían su inclusión. Pero de inmediato manifestaron que era imposible que se sentaran más de 80 personas. “En mi caso no podría manejarlos”, dijo Saint Malo.
Surgieron entonces varias propuestas: la primera fue presentada por los miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, que piden incluir a tres miembros más a la mesa. Estos serían: un miembro de los ambientalistas de Bocas del Toro, un miembro del sindicato del banano independiente y uno de la comarca Ngäbe Bugle.
La segunda propuesta fue impulsada por el sector empresarial, que sostiene que si entran tres organizaciones populares y sindicalistas, deberán entrar tres gremios empresariales.
Esta última moción la presentó el representante del Sindicato de Industriales de Panamá, Francisco Kiener, quien dijo que así estaría equilibrada la mesa.
Tras casi dos horas y media de debate, los miembros no cedían. En medio de ese pulseo, el sindicalista Rafael Chavarría presentó la propuesta para que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social tuviera cortesía de sala a fin de que explicara si esa institución atendería o no a los afectados por los disturbios en Bocas del Toro en rechazo de la Ley 30. Esta vez esa iniciativa fue avalada.
Hoy tienen previsto continuar con el tema de la ampliación de la mesa.