El presidente Laurentino Nito Cortizo dio la cara al país cuatro días después de que sancionó la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. y en medio de las masivas protestas ciudadanas contra la norma. Lo hizo ayer martes 24 de octubre a las 12:45 p.m. en un discurso pregrabado de casi 12 minutos que fue emitido por todos los canales de televisión.
Acomodado en su escritorio del Salón Amarillo de la Presidencia, el mandatario de Panamá, primero hizo un recuento de la concesión minera en Donoso, que se inició en el año 1991 con un permiso de exploración, y que se fue perfeccionando a través de los años, en los sucesivos gobiernos, hasta mutar en la actual Ley 406.
Luego informó que a partir del 20 de noviembre de este año, se aumentará la pensión de unos 120 mil 315 jubilados que actualmente reciben menos de $350 al mes. El aumento, recordó, será posible con los aportes de $375 millones al año que Minera Panamá hará al Estado panameño por la explotación en Donoso, según consta en el contrato ley 406 del 20 de octubre pasado.
Ante las protestas generadas por la nueva Ley 406, contra la cual ya hay tres denuncias de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, Cortizo remarcó que no hay marcha atrás.
“Esta ley está vigente”, puntualizó.
Mutismo
El presidente no mencionó el día que sancionó la Ley 406 de 2023. El país se enteró que el contrato había sido sancionado y ya era ley de la República, cuando lo vio publicado en la versión digital de la Gaceta Oficial, la noche del 20 de octubre pasado, porque la Presidencia nunca informó sobre ese hecho, tal como lo hace con otras leyes. Cortizo tampoco dijo nada del particular en sus redes sociales.
Ese silencio lo mantuvo incluso cuando los manifestantes se acercaron a gritos a su edificio, el pasado domingo, o cuando se conoció que un fotógrafo perdió el ojo derecho, luego de recibir un perdigonazo el pasado jueves, durante una protesta en los predios de la Asamblea Nacional.
En su discurso de ayer, el mandatario también lanzó una advertencia. “No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía ni la comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados. Como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, puntualizó.
Recordó que Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, con lo cual indicó que los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población y afectan la atención de citas médicas y de pacientes en riesgo.
“Los panameños podemos no estar de acuerdo, tener distintas opiniones. La democracia permite expresar esas diferencias, siempre dentro de un marco de respeto. Como presidente, hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito”, acotó.
A su vez, defendió el contrato ley aprobado, puesto que con ello -según él- se salvaguardan los 9 mil 387 puestos de trabajo directos de la mina, con una planilla anual de $357 millones, que se traduce en un aporte a la Caja de Seguro Social de $161 millones cada año.
Medio ambiente
Cortizo manifestó que dentro del contrato se incluyó, entre otros aspectos, un plan de reforestación, un plan de cierre de la mina, y la supervisión y fiscalización permanente, en el sitio, del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en materia ambiental.
Finalmente, destacó que la Ley 11 de 2012 prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica, y sus derivados en la comarca Ngäbe Buglé.
Uno de los reclamos de oenegés y movimientos comarcales es que lo que aconteció con este contrato minero pueda ocurrir en las comarcas.
Reacciones
Sin embargo, las palabras del mandatario no calmaron los ánimos, ni convencieron a la ciudadanía. El biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, Isaías Ramos, dijo que el discurso del presidente vino a “tirar más leña al fuego” y que no respondió a las expectativas de la ciudadanía.
“No estamos satisfechos con lo señalado por el mandatario”, puntualizó Ramos.
El diputado independiente Edison Broce, uno de los que votó en contra de la ley en el Legislativo, plasmó su análisis de las palabras del presidente en la red social X: “Conclusión del mensaje del Presidente: no nos interesan sus manifestaciones ni rechazo al contrato. La prioridad es la mina. El contrato va porque va y el que se cruce se choca”.
Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, también se pronunció: “Señor Nito Cortizo, las jubilaciones dignas deberían estar garantizadas sin la necesidad de contratos leoninos que venden la patria y comprometen el futuro. No use las carencias del sistema para enfrentar al pueblo. Esto es una irresponsabilidad”, escribió.
Otro que lo criticó fue José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente de la República de alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista. “Lo decía hoy en la mañana: en medio de esta crisis, el Presidente había estado ausente. Casi una réplica de lo que ocurrió en julio del año pasado. De la aparición en cadena nacional que ha hecho el Presidente, cabe rescatar que finalmente dio la cara y expuso su posición. Pero dudo que lo dicho sirva para calmar los ánimos. Presiento que veremos un cambio de opinión, si las protestas se mantienen. Una vez más, en el Gobierno subestiman el nivel de cabreo de la población”, manifestó en X.
En el consejo de gabinete, en tanto, Cortizo y su equipo hablaron sobre la necesidad de comunicar más lo referente al nuevo contrato, pues aseguran que “hay mucha desinformación al respecto”. Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge a La Prensa.
