Un mayor de la Policía Nacional (PN) estaría a cargo de una estructura que no aparece en el organigrama oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Trabaja presuntamente desde las oficinas del cuartel central de Ancón, sin autorización judicial, según un documento de 121 páginas preparado por organizaciones sindicales y sociales, que describe casos de supuesto espionaje.
La red de vigilancia alcanzaría a sindicalistas, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, entre otros, quienes responsabilizan al presidente José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; al director de la PN, Jaime Fernández; al director de la DNIP, Julio Cedeño, y al mayor Carlos Carvajal.
Agrupaciones como la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) (cuya disolución fue demandada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, de acuerdo con el documento, están entre las organizaciones afectadas.
“Implica graves violaciones a los derechos humanos que afectan a gran cantidad de organizaciones”, dijo el dirigente sindical Eduardo Gil en una conferencia de prensa celebrada el pasado martes.
El documento -que fue revisado por este diario- detalla nombres, rangos y funciones, y muestra un organigrama de 11 áreas operativas, fotografías y episodios puntuales de presunta infiltración.
La Policía Nacional consideró que estas denuncias son “infundadas”, aunque reconoció que opera con “agentes encubiertos”, más no “infiltrados”.
“No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”, remarcó la PN en un comunicado divulgado la noche del pasado jueves, luego de que La Prensa solicitara una reacción sobre estas acusaciones.
Una planilla de al menos $30 mil al mes
Según el documento, la red “está integrada por más de 40 personas a nivel nacional”; 25 están identificadas por nombre, rango y un número de posición interno.
El documento calcula que, “solo en esta planilla parcial”, el Estado destina “más de $30 mil mensuales” presuntamente en salarios, sin contar gastos de “vehículos, combustible, viáticos, alimentación, alquileres, equipos tecnológicos, software, asesores y armamentos”, ni las “compras secretas” del Ministerio de Seguridad y los costos judiciales de los procesos que atribuye a esa red.
El mayor Carlos Carvajal, según el informe, estaría al mando de la operación desde finales de 2023 -en la recta final del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando asumió la jefatura en medio de las protestas contra la concesión minera de Cobre Panamá.
La estructura, dice el documento, se habría fortalecido en el gobierno de José Raúl Mulino y se formalizó el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la DNIP, sin figurar en el organigrama oficial de esa dirección.
Esto es tan aterrador como maquiavélico: Este hombre y su compañera se me pegaron desde el 22 a las protestas que incluso hacía yo sola frente a MiAmbiente diciéndome que eran jóvenes preocupados por la minería. Cargaban carteles mientras nos espiaban y quién sabe cuánto más https://t.co/ZoVyp0etPl pic.twitter.com/UYwh4SynjL
— Raisa Banfield #PanamáSoberana🇵🇦 (@raisabanfield) September 8, 2026
¿Supuesta ONG?
El documento describe hechos que presuntamente habrían ocurrido en Donoso y Río Indio, áreas del país donde el Ejecutivo evalúa reactivar la mina de cobre y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) construirá un embalse, respectivamente.
Ahí, según el informe, la red opera bajo la fachada de una supuesta organización llamada Centro de Acción Solidaria, con una cuenta de TikTok que sirve para “generar confianza” con líderes comunitarios y “anticipar oposición” a esos proyectos.
El texto describe el caso de un sargento que, según la denuncia, se infiltró desde 2022 en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, participó durante año y medio en reuniones de organizaciones campesinas, católicas, estudiantiles y ambientalistas en Río Indio, y se presentaba como estudiante universitario.
En la comarca Ngäbe-Buglé, el expediente atribuye a otro sargento el seguimiento del activista Kevin Sánchez desde 2022, con una precisión inquietante: según el texto, ambos “son amigos”, pero Sánchez “no se ha dado cuenta de que es un miembro de la policía”.
Mientras que un cabo estaría asignado al dirigente Toribio García y a otros líderes de la comarca, con base, dice el documento, en “una casa clandestina alquilada en Remedios, Chiriquí”.
La versión de la Policía Nacional
La Prensa consultó a la Policía sobre el tema. En consecuencia, la entidad emitió un comunicado en la noche del jueves.
Asegura que “todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos” que les asisten.
También protesta porque se ha divulgado información personal de sus agentes, lo que pone en riesgo su seguridad.
“Nuestras acciones están alineadas con objetivos específicos, respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros, dentro del marco de la ley. En este sentido, buscamos garantizar la paz y tranquilidad ciudadana”, dice la nota de prensa.
Además, añade que la mayoría de los funcionarios mencionados en el informe han participado en “diversas investigaciones y diligencias de allanamiento” realizadas por el Ministerio Público a estos grupos sindicales.
“El seguimiento, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas, indígenas y estudiantiles, constituyen prácticas incompatibles con una sociedad democrática.” pic.twitter.com/J3ZcYPngFO
— Magaly Castillo (@magcastill) September 11, 2026
La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar los hechos denunciados en el informe, “con absoluta celeridad, independencia e imparcialidad”, para determinar su veracidad.
Igualmente, emplazó a la Defensoría del Pueblo a iniciar una “queja de oficio” y solicitar las explicaciones oportunas a la PN y al Ministerio de Seguridad.
