El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, secretario ejecutivo de la Presidencia de la República, será el encargado de evaluar si el Ejecutivo veta o no el proyecto de ley 91 sobre imprescriptibilidad de los delitos por agresiones sexuales contra menores de edad, documento que contiene un “camarón legislativo” que obliga a los jueces a conceder trabajo comunitario a los condenados a penas que no excedan los cinco años.
Así lo informó el presidente Laurentino Cortizo el pasado sábado 1 de febrero, en el marco de una gira de trabajo comunitario en Tolé, Chiriquí. Fue en ese momento donde el mandatario dijo que no va a "sancionar” ningún proyecto de ley que beneficie a la criminalidad.
El camarón legislativo fue introducido en momentos en que el proyecto era discutido en segundo debate. Entre los proponentes del mismo figuran: Leandro Ávila, y Zulay Rodróguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, agrupación política aliada al PRD.
Movimiento Otro Camino se pronuncia
Mientras que los sectores que rechazan la iniciativa siguen creciendo. El movimiento Otro Camino, que lidera el excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana, se pronunció ayer por el tema. En un comunicado manifestó que “esta modificación, hecha a la medida de algunos condenados a prisión, permitirá, -de aprobarse- que todo delincuente cuya sanción sea inferior a cinco años goce de libertad inmediata sin importar la gravedad de los hechos cometidos o el daño inferido a la víctima”.
El ahora partido en formación, añade que en la mayoría de los casos de alto perfil, en los que se han dilapilado millonarios fondos del Estado, los procesados están llegando a acuerdos de pena con el Ministerio Público en donde justamente se logra que la sanción a imponer sea inferior a estos cinco años.
"De esta manera, jamás se podrá construir un país con decencia y las futuras generaciones tendrán como ejemplo que el delito si paga. Confiamos en que el presidente la República, Laurentino Cortizo, cumplirá su palabra y vetará parcialmente este proyecto de ley para que no permita otra vez que gane la impunidad", sustenta la agrupación.
Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge Juan de la Guardia, a través de un comunicado sustentó que es incomprensible que la Asamblea Nacional introduzca elementos sorpresivos, inconsultos y desmedidos de último momento, como ha sido la modificación al artículo No. 65 del Código Penal.
