Una propuesta presentada recientemente ante la Asamblea Nacional no solo busca que no prescriban los delitos contra la administración pública. También plantea endurecer las sanciones.
Por ejemplo, las penas por el delito contra la administración pública pasarían de tres años de prisión a siete años.
Si el funcionario actúa con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero la pena de prisión será de hasta 12 años.
En la actualidad, esa sanción es de seis años máximo. Adicional, la iniciativa de ley busca impedir que los condenados por este delito accedan a penas sustitutivas e imponer la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
En la actualidad, los servidores públicos condenados por corrupción pueden beneficiarse de medidas como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario debido a las bajas penas previstas para varios delitos contra la administración pública.
“Es una trampa legal que libera a los corruptos”, resumió el diputado independiente Roberto Zúñiga, proponente del proyecto.
La imprescriptibilidad no es solo una palabra técnica: es un compromiso con la justicia, una herramienta para reducir la corrupción, para fortalecer la confianza de la ciudadanía y para alinearnos con los estándares internacionales de transparencia. pic.twitter.com/saHpfa4fSi
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 6, 2026
Zúñiga recordó que es la tercera vez que presenta este proyecto de ley. Cuando llegó al legislativo, en 2024, lo presentó pero no tuvo acogida.
En 2025 lo volvió a presentar, pero encontró nuevos obstáculos en la Comisión de Gobierno.
Explicó que la iniciativa busca que “sin importar cuánto tiempo pase, el que le robe al Estado tendrá que pagar”.
Zúñiga sustentó la iniciativa tras citar estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, según las cuales entre enero y junio de 2025 ingresaron 871 investigaciones por delitos contra la administración pública, equivalentes al 49% de los casos que tramita la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción.
También mencionó indicadores internacionales, como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá obtuvo 33 puntos de 100 en 2024, y el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project, que ubica al país entre los de peor desempeño en materia de ausencia de corrupción.
Además, señaló que países como Ecuador, Colombia y Argentina han adoptado medidas similares para restringir beneficios penitenciarios o ampliar la persecución penal de los delitos de corrupción.
“Consideramos injusto el hecho de que una persona que atente contra el erario público, pueda luego gozar desde la comodidad de su domicilio”, agregó.
La propuesta deberá ser sometida ante la Comisión de Gobierno para su primer debate.
Este mismo proyecto había sido presentado anteriormente, aprobándose incluso en tercer debate en el año 2018.
“Lamentablemente y por falta de voluntad no se pudo ver su sanción por un veto del Presidente de la República”, añadió Zúñiga.
