Después del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el rostro de poder dentro de la entidad parece ser Justo Castañeda, secretario general de la institución y hermano de la diputada Dana Castañeda. Su figura ha ganado protagonismo en medio del polémico decreto que buscaba regular las plataformas tecnológicas de transporte, especialmente si se considera su estrecha vinculación con empresas prestatarias del servicio.
De hecho, se le atribuye participación en la dirección de varias concesionarias y se le vincula con la tenencia de cupos de buses y taxis, lo que, para algunos transportistas de la provincia de Coclé que prefieren no ser mencionados, sería como “poner al ratón a cuidar el queso”.
El cuestionado decreto 10 del 16 de abril de 2026, derogado este lunes 20 de abril por el presidente José Raúl Mulino, introducía una serie de requisitos para regular los vehículos que operan como “taxi de lujo” mediante plataformas tecnológicas, pero dos elementos concentraban la mayor controversia: la exigencia de un certificado de operación y la obligación de contar con el aval de una prestataria.
Las prestatarias son vistas por diversos actores del sector como organizaciones que hacen negocio con los certificados de operación, una práctica que, según estas críticas, ha distorsionado el sistema de concesiones en el transporte público por el acaparamiento de los cupos de operación.
En el caso de Castañeda, hasta 2022 aparecía vinculado a varias sociedades anónimas del sector transporte en la provincia de Coclé.
Entre ellas figura Transportes San Carlos El Valle, S.A. (TRANSANVA S.A.), donde ocupaba el cargo de agente residente, aunque la sociedad se encuentra suspendida. También aparecía en Transportistas Unidos de Aguadulce, igualmente suspendida.
Es el caso de la Unión de Transporte La Pintada Panamá, S.A., aparecía como director y agente residente, y de la Central de Transportistas de Coclé, S.A. (CTC), donde ocupaba el cargo de vicepresidente y director.
Además, es uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé. Estas vinculaciones lo colocan dentro de estructuras clave del sistema de prestatarias del transporte en la región.
Dueño de certificados
Los hermanos Castañeda concentraban cupos de transporte o certificados de operación. Por ejemplo, a nombre de la diputada y de sus parientes había 87 cupos de taxis, buses y rutas internas, según datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a 2022. A su vez, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé —que lideraba el secretario de la ATTT— tiene 422 cupos.
En Coclé hay 1,994 cupos entre buses, rutas internas, taxis, buses colegiales y transporte de turismo.
Estos cupos están distribuidos entre 36 organizaciones, pero cuatro concentran el 28% (553 cupos), todas relacionadas con actores políticos.
Según datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), entregados a La Prensa en 2022, las organizaciones que concentran estos cupos son: el Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé; la Unión de Transporte La Pintada-Panamá y la Unión de Transportistas El Copé-Panamá.
Las dos primeras eran lideradas por Justo Castañeda. La tercera, por Eyber Castañeda, ambos hermanos de la diputada de Realizando Metas.
Otra organización, con 75 cupos, es la Unión de Transportistas de Penonomé-Panamá (Utrapep), que presidía Jorge Iván Arrocha, exdiputado panameñista.
Realidad en el país
Una de las principales polémicas del sistema tradicional radica en la carga económica que termina asumiendo el conductor, quien debe pagar miles de dólares a la concesionaria para acceder a un certificado de operación que, en origen, esta última obtiene gratuitamente de la ATTT.
Esto ha convertido el cupo de taxi en un bien transable. En la capital, su valor puede oscilar entre $1,000 y $1,800.
Sin embargo, el valor aumenta significativamente en las provincias. Puede alcanzar hasta $70,000 en Los Santos y Herrera; en Panamá Oeste oscila entre $10,000 y $30,000; y en Veraguas ronda los $60,000. En el caso de los cupos de buses, el precio es aún mayor, lo que convierte este sistema en un negocio de millones de dólares.
El decreto, emitido el pasado 16 de abril, fue derogado este lunes 20 de abril por el presidente José Raúl Mulino, luego de una avalancha de quejas de usuarios y los conductores que utilizan las plataformas de transporte.
Horas antes, los transportistas del sector selectivo o taxis realizaron una caravana que terminó en los predios de la Asamblea Nacional en apoyo al decreto que regulaba las plataformas. Pero justo en ese momento ya el presidente Mulino había tomado la decisión de frenar el documento.
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