Alma Montenegro de Fletcher, cuya misión en el Estado consiste en encabezar la lucha contra la corrupción, dice sentirse "satisfecha" de que los diputados, en su mayoría, sean "personas aceptables".
La funcionaria pasa por alto una larga lista de "honorables diputados" involucrados en actos de violencia –física y verbal– y de corrupción.
Hace más de una semana, por ejemplo, tras las críticas de la diputada opositora Mireya Lasso al gobierno de Martín Torrijos, su colega oficialista Zulay de Vásquez le respondió aludiendo su vida personal.
No es la primera vez que Lasso discute con un colega. 2007 empezó con bronca. El 31 de diciembre de 2006 se produjo una fuerte discusión entre Lasso y el entonces presidente de la entidad, Elías Castillo, por haberse referido a ella en términos duros en su discurso de fin de año.
En mayo de 2006, mientras discutían sobre los resultados de unas elecciones de convencionales, la panameñista Argentina Arias le dio una bofetada a su copartidario José Blandón, y el 13 de septiembre de este año, en el desfile de celebración de los 152 años de fundación de Arraiján, Marilyn Vallarino estuvo inmersa en una trifulca que llegó a los golpes con una funcionaria de la alcaldía de ese distrito.
Es de conocimiento público que el nuevo presidente de la Asamblea, Pedro Miguel González, está acusado en los tribunales estadounidenses por el asesinato del soldado puertorriqueño Zak Hernández, pero en Panamá fue declarado inocente del mismo cargo.
La Corte Suprema, en tanto, ha iniciado tres causas contra Rogelio Alba Filós: una por la supuesta comisión de delitos contra la fe y administración pública, otra por falsificación de firmas, y la última por delitos de peculado y contra la salud pública. Alba, junto con los diputados Héctor Aparicio, Iván López y Enrique Garrido, entre otros, también está relacionado con la venta de sus exoneraciones de impuestos para importar lujosos autos.
Hermisenda Perea, actual jefa de la bancada PRD, fue acusada por Carolina Romo por falsear documentos públicos. Romo denunció que su nombre había sido utilizado por Perea para confeccionar un contrato de trabajo ficticio.
Al diputado oficialista Olivares De Frías también le fue abierto un proceso por supuestamente llevar adelante negocios con el Gobierno, a través de una de sus empresas.
Hasta febrero de este año, al menos 23 de los 78 diputados tenían familiares empleados en la Asamblea. Entre ellos, Manuel Grimaldo, Argentina Arias y Mayra Zúñiga, tres de los siete miembros de la Comisión de Ética y Honor.
Susana Richa de Torrijos, presidenta de la comisión en cuestión, cuya misión es velar por la conducta ética de los diputados, justificó a sus colegas diciendo que "la conducta humana es difícil", y que "los medios de comunicación se enfocan mucho en los problemas".
