Una propuesta de ley busca cerrar la laguna legal que permite que delitos de menos de $1,000, como hurtos o estafas, sean tratados solo por jueces de paz en lugar de la justicia penal. De esta manera, los actos ilícitos que hoy se diluyen en la justicia comunitaria de paz pasarían a tener consecuencias penales reales cuando los responsables reincidan.
La propuesta llegó al pleno de la Asamblea Nacional de la mano del diputado Augusto Tuto Palacios, de la bancada independiente Vamos, quien en la exposición de motivos del motivo advirtió que la práctica “no solo debilita el accionar institucional, sino que además envía un mensaje que incentiva nuevas infracciones en materia correccional y profundiza la sensación de frustración en la ciudadanía”.
La ley actual
En la actualidad, la ley establece que si el perjuicio económico de un acto ilícito no supera los $1,000, el caso es competencia de un juez de paz. Para los que delinquen, esto se convirtió en una oportunidad, pues calculan con precisión el valor de lo que sustraen o el monto de la estafa o hurto para no pasar ese umbral y evitar así la jurisdicción penal.
La propuesta de Palacios corta de raíz esa posibilidad. El beneficio de ser procesado por un juez comunitario aplicaría solo una vez. Si el infractor reincide, aunque el monto sea mínimo, enfrentará la justicia penal.
¡UNA NUEVA PROPUESTA DE LEY PARA DEFENDER A NUESTRA GENTE! ⚖️🇵🇦
— Augusto “Tuto” Palacios M. (@tutopalaciosm) August 19, 2025
Ya basta de que los mismos delincuentes repitan sus fechorías una y otra vez y salgan libres como si nada. Con este anteproyecto vamos a cerrar los vacíos legales que les dan ventaja, porque la justicia debe estar… pic.twitter.com/xyhSTy7JuH
El diputado del circuito 4-1 (David, Chiriquí), citó estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública que destacan que entre enero de 2021 y julio de 2025, en todo el país se reportaron, un promedio de 71,185 hurtos, de los cuales 9,853 corresponden solo al periodo de enero a julio 2025.
Mientras que se reflejó un promedio de 24,910 casos de estafa, de los cuales 3,482 corresponden a los primeros siete meses del 2025.
Un registro nacional de reincidencia
El anteproyecto de ley 129 también establece la creación de un Registro Nacional de Antecedentes Correccionales, una base digital administrada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). El sistema permitirá a jueces y autoridades consultar en tiempo real si un acusado ya fue sancionado por un delito menor. Así se busca evitar que un reincidente pueda alegar ser “primerizo” para escapar de sanciones más severas.
Estafas agravadas desde los $10,000
Otra modificación que propone la propuesta legislativa del diputado chiricano es la de reducir el umbral para que una estafa sea considerada “agravada”. Hoy la cifra está en $100,000, lo que deja fuera del ámbito penal fraudes de menor escala.
La propuesta baja ese monto a $10,000.
El anteproyecto está pendiente de ser prohijado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, instancia legislativa que preside el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. Si supera esa primera etapa, comenzará un debate que pondrá sobre la mesa un tema de fondo: cómo lograr un sistema de justicia más firme sin saturar los tribunales ni aumentar el hacinamiento en las cárceles.
La iniciativa legislativa modifica varias leyes de relevancia del sistema judicial y penal: la Ley 467 de 2025 (Justicia Comunitaria de Paz), la Ley 29 de 1984 (Código Judicial), la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal) y la Ley 14 de 2007 (Código Penal).
