La Contraloría General de la República estrenó un reglamento que le otorga nuevas herramientas para frenar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de septiembre de 2025, ha generado un intenso debate entre juristas, exmagistrados y organizaciones de la sociedad civil, que advierten un peligroso avance sobre los derechos constitucionales.
Aunque la entidad defiende la medida como un instrumento de protección del patrimonio estatal, exmagistrados como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño, así como el exprocurador de la Administración Rigoberto González, señalan que el reglamento introduce procedimientos que podrían vulnerar el debido proceso, abrir espacios para el uso político del control fiscal y concentrar demasiado poder en un solo despacho.
Al presidente @JoseRaulMulino no le gusta el proyecto del PGN pero no le preocupa la Resolución del CGR que es excesivo en sus facultades legales y constitucionales; además de la discrecionalidad?
— Ana Matilde Gómez R. (@AnaMatildeGomez) October 3, 2025
Los 10 puntos clave de la controversia
1. Publicación oficial. El 30 de septiembre de 2025 entró en vigencia la Resolución 3126, que regula las medidas precautorias que la Contraloría puede aplicar cuando detecte indicios de irregularidades en el uso de fondos o bienes públicos.
2. Nuevas facultades. El reglamento habilita al contralor para suspender pagos con cargo al Tesoro, secuestrar bienes muebles e inmuebles y designar depositarios sobre empresas o propiedades vinculadas a irregularidades.
3. Sin audiencia previa. Una de las disposiciones más controvertidas es que estas medidas pueden ejecutarse sin que el funcionario o particular afectado sea escuchado previamente.
4. Amparo legal cuestionado. La Contraloría sostiene que las medidas se amparan en la Ley 351 de 2022, que modificó su Ley Orgánica, pero juristas argumentan que un reglamento no puede otorgar facultades nuevas que la ley no contemple expresamente.
5. Críticas constitucionales. Exmagistrados de la Corte Suprema advierten que algunas disposiciones son de carácter jurisdiccional, lo que podría implicar una invasión de funciones del Órgano Judicial.
Sobre el reglamento de medidas precautorias de la Contraloría, muestro mi alta y profunda preocupación. pic.twitter.com/gRjSyh64a1
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) October 2, 2025
6. Debido proceso en riesgo. Organizaciones civiles y abogados señalan que la ausencia de audiencia previa atenta contra las garantías mínimas del debido proceso y abre la puerta a decisiones arbitrarias.
7. Concentración de poder. El reglamento es visto como un refuerzo del poder de la Contraloría, que ahora tendría la capacidad de paralizar operaciones y afectar patrimonios con un solo acto administrativo.
8. Uso político. Sectores opositores alertan que las nuevas facultades pueden prestarse a persecuciones selectivas, especialmente en un contexto político polarizado.
9. Defensa oficial. La Contraloría argumenta que el reglamento busca proteger de forma más efectiva el patrimonio del Estado y prevenir el desvío de fondos antes de que los daños sean irreversibles.
10. Debate abierto. La controversia ya ha escalado al plano jurídico y político: se espera que abogados y afectados promuevan demandas de inconstitucionalidad, mientras la ciudadanía sigue atenta a un reglamento que redefine el alcance del control fiscal en Panamá.
Un reglamento bajo prueba
El futuro del nuevo reglamento dependerá, en gran medida, de los cuestionamientos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Contraloría se mueve en un terreno frágil, entre la necesidad de proteger las finanzas públicas y la obligación de respetar las garantías ciudadanas. Lo que está en juego, según analistas, no es solo la eficacia del control fiscal, sino el delicado equilibrio de poderes en la democracia panameña.
