Los gobiernos de Panamá y Colombia, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) y de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), presentaron ante el Ministerio de Ambiente el estudio de impacto ambiental del proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países.
El documento describe una obra binacional a un costo de 241.2 millones de dólares, dividida en dos componentes principales: un tramo terrestre y otro marino, concebidos para fortalecer la integración energética regional. Explica que esta división busca facilitar la comprensión técnica y social de una obra que se extenderá por distintas provincias, comarcas indígenas y aguas jurisdiccionales panameñas.
Por ejemplo, el tramo 1, correspondiente al segmento terrestre, inicia en la subestación Panamá II, ubicada en Pedregal, provincia de Panamá, y se prolonga hasta las islas de Mulatupu o Sasardí Muladub, en la comarca Guna Yala. Este primer sector contempla la construcción de 370 torres, 35 plazas de tendido, servidumbres, cuatro patios de almacenamiento y un helipuerto. En total, el área de ocupación suma 692.1 hectáreas.
En el sector 2 del tramo terrestre, la línea recorre 58.5 kilómetros desde Agua Fría, en el distrito de Santa Fe (Darién), hasta la zona costera que conecta con territorios de las comarcas Wargandí y Guna Yala, antes de alcanzar Mulatupu. Aquí se proyectan 154 torres, 19 plazas de tendido, tres patios de almacenamiento, helipuertos y ocho campamentos, entre fijos y móviles. El área de ocupación es de 254.6 hectáreas.
Impacto y tramo marino
Según el estudio ambiental, el proyecto afecta 426 predios privados y tierras colectivas de pueblos indígenas ubicadas en los territorios mencionados. En esta zona residen comunidades guna con sistemas de tenencia colectiva, lo que obliga a una gestión específica de permisos, negociación y consultas con autoridades tradicionales.
El tramo 2 corresponde al componente marino e inicia en la bahía de Mulatupu, donde se instalará una estación de transición entre la infraestructura aérea y el cableado submarino. Este cable se extenderá 135.3 kilómetros hasta Colombia, de los cuales 54.2 kilómetros se ubican en aguas panameñas. Se utilizarán tres cables submarinos y uno adicional de fibra óptica, destinado exclusivamente al monitoreo de la transmisión eléctrica. El estudio asigna al tramo marino un área de influencia directa de 37,600 hectáreas.
El costo total del proyecto asciende a 241.2 millones de dólares, de los cuales 130 millones corresponden al tramo terrestre y 111.2 millones al marino. La empresa sostiene que el diseño final aplicó la jerarquía de mitigación para reducir impactos en zonas sensibles.
Características del área
La línea base física incluyó campañas de campo realizadas entre 2019 y 2025. En el primer sector terrestre predominan rocas volcánicas, montañas ligeramente escarpadas y suelos con alta estabilidad geotécnica. En este tramo, el uso del suelo es mayoritariamente forestal y ganadero, ligado principalmente a la cuenca del río Bayano.
En el sector 2 del tramo terrestre se identificó la Formación Chucunaque como dominante, con colinas planas a suavemente onduladas y alta estabilidad geotécnica. Este segmento mantiene un 81% de cobertura forestal y se emplaza, mayoritariamente, dentro de la cuenca del río Chucunaque.
En el tramo marino, el fondo presenta sedimentos finos, corales, fango y áreas de infiltración de gas, aunque las corrientes son débiles durante el año y no se proyectan condiciones oceánicas extremas. En el sector 1, las áreas boscosas representan el 42% del territorio, mientras que en el sector 2 alcanzan el 74%, dentro de regiones estratégicas del Corredor Biológico Mesoamericano. Además, el estudio ambiental identifica 352 especies de aves, de las cuales 41 están en categoría de amenaza.
Tramo marino y comunidades
En el tramo marino se registraron 21 especies de coral —el 30% de las reportadas en el país—, manglares estables y praderas de pastos marinos con niveles elevados de mortandad. La empresa afirma que la técnica de perforación horizontal dirigida permitirá evitar impactos en estos ecosistemas sensibles.
En el componente social, el área de influencia comprende 89 comunidades en el tramo terrestre y tres en el marino. Las poblaciones incluyen mestizos, emberá y gunas, tanto continentales como isleños. El estudio detalla que se realizaron encuestas, reuniones comunitarias, talleres y mesas de diálogo para recabar información y comunicar los alcances del proyecto.
Aunque la comarca Wargandí otorgó consentimiento para la presentación del estudio y el Congreso de Tierras Colectivas Emberá manifestó interés en la ejecución del proyecto, Guna Yala aún no ha autorizado la presentación del estudio ambiental. El documento subraya que el proyecto no se ejecutará en territorios indígenas sin consentimiento libre, previo e informado, conforme a la legislación nacional y estándares internacionales.
El pasado mes de octubre, autoridades de cuatro ministerios del Gabinete Social y cuatro entidades estatales vinculadas al sector energía fueron convocadas por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para participar en la primera reunión interinstitucional de coordinación, con el fin de trazar una hoja de ruta previa a la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá.
El encuentro buscó coordinar los próximos acercamientos con las comunidades ubicadas en los territorios por donde pasará la línea de interconexión eléctrica, con el fin de escucharlas e identificar sus necesidades más apremiantes a corto plazo. Las prioridades se concentran en los sectores de salud, educación, infraestructura y electricidad.
